Saltillo, Coahuila, 6 de junio.

Durante el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, fue interpelado por familiares de desaparecidos –más de 20 mil, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, quienes le preguntaron: ‘‘¿Dónde están las autoridades?’’

El funcionario respondió: ‘‘No voy a eludir la pregunta. No busco un gran encabezado. A título personal respondo: algunas autoridades han de estar viendo cómo justifican ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el no cumplimiento de las sentencias emitidas; otros viendo cómo evaden su responsabilidad, cómo obstaculizan los procesos.

‘‘Otras, como en Coahuila, intentando generar espacios de buenas prácticas en el sistema judicial; otras intentando sinceramente avanzar, aceptando de buena fe el escepticismo y la duda de ustedes’’.

–¡Pero es una duda fundada! –le gritaron desde las butacas del auditorio de la Universidad de Coahuila.

–Cierto, es fundada y justificada. Ese es el reto. Por mi parte reconozco que sólo un resultado positivo de esas autoridades les va a devolver a ustedes y a mi la esperanza. Si no es así, yo mismo me haré la pregunta: ¿dónde están nuestras autoridades?

Crisis humanitaria

En la hilera donde se ubica el grupo que ha llegado de Chihuahua, en especial de Ciudad Cuauhtémoc, los familiares de desaparecidos se inquietan. García Cervantes había hablado minutos antes del ‘‘periodo de violencia que se vivió en México’’ y había reconocido algo que pocos gobernantes admiten en estos términos: ‘‘la existencia de una crisis humanitaria’’.

Y es que no puede llamarse de otra forma lo que se vive, en estos tiempos, en esa pequeña ciudad de no más de 100 mil habitantes, donde en los meses recientes se han reportado 92 jóvenes desaparecidos.

Olaya Dosal Rocha, madre de la joven Alejandra, quien desapareció hace cuatro años de Ciudad Cuauhtémoc, dice que ella ha aportado todo tipo de indicios y datos a la Fiscalía de Chihuahua para que busquen a su hija y no han hecho nada.

‘‘Yo sí le quiero creer al señor –dice Olaya, refiriéndose a García Cervantes–, quiero pensar que sí nos va a llegar la justicia, aunque tarde un poquito más porque Cuauhtémoc está lejos, ¿no?’’

Son muchos los casos de esa localidad otrora productora de manzanas y ahora de ‘‘malandros’’ –esa palabra es la que usan para no nombrar al peligroso cártel que controla la ciudad– que están en los registros del gobierno estatal, federal y hasta en la Corte Interamericana, como los ocho hombres de la familia Muñoz que fueron secuestrados un Día del Padre hace dos años; como los tres hermanos de la familia Alvarado, del ejido Benito Juárez; los siete del centro de adicciones. Pero son muchos también los que no están ni siquiera denunciados ‘‘porque en Cuauhtémoc hay miedo, porque ni nos atrevemos a quejarnos con la policía: ellos y los malandros son lo mismo’’.

En otro momento, al hablar ante la prensa, García Cervantes ratificó que son al menos 30 casos en los que servidores públicos –entre ellos soldados, marinos y policías– están identificados plenamente como partícipes y responsables en delitos de desaparición forzada, tal como lo denunció ayer aquí mismo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia.

Pero aclara que en ‘‘todos y cada uno’’ de los expedientes denunciados ya se levantaron actas en la PGR. Además, como lo solicitó, la CNDH ya está aceptada como coadyuvante en las investigaciones. ‘‘Lo puedo garantizar: aun basándonos únicamente en los expedientes de la comisión, todas estas averiguaciones previas, integradas ya bajo la nueva luz de la ley de víctimas, van a llegar frente a un juez.’’

En entrevista callejera, el subprocurador explicó que todos los expedientes de desaparición forzada van a ser concentrados en una sola entidad de la PGR, aunque aún no se sabe en cuál, ya que la restructuración de la dependencia aun no termina.

Además, de los 30 casos mencionados por la CNDH, la PGR tiene indicios en 119 situaciones donde existen autoridades coludidas en desapariciones. Son los casos que en días recientes presentaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Una docena de éstos, cotejados y analizados por el organismo internacional y la subprocuraduría, coinciden con los expedientes de la CNDH y serán investigados de inmediato.