Cuernavaca, Mor. El gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez, informó que de 2001 hasta septiembre del 2012 se habían pagado 224.8 millones de pesos por el arrendamiento del helicóptero del amor, que nunca fue registrado como propiedad del estado y que fue utilizado por los ex gobernadores panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame Castillo, supuestamente para seguridad o emergencias. Espero que tengan claro que no tenemos ninguna intención de molestar la buena fama pública de los ex gobernadores panistas por ningún motivo. Simplemente es nuestra obligación que este bien público que se ha pagado con dinero público sea del gobierno del estado. Afirmó que en marzo solicitaron a Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales (Helivan) un avaluó del helicóptero, que cuesta sólo 940 mil dólares (aproximadamente 11.8 millones de pesos). En 12 años se podrían haber comprado unos tres helicópteros. Indicó que se presentarán denuncias por este daño contra el erario estatal. Lo más grave, dijo, es que aunque Helivan endosó la factura a favor del gobierno del estado, la aeronave se encuentra embargada hasta por tres juicios mercantiles.

Guadalajara, Jal., 13 de mayo.

Guadalajara, Jal. La iniciativa de Ley de Libre Convivencia, promovida por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, que incluye la unión de personas del mismo sexo, cuenta con el aval de los habitantes de Jalisco suficiente para convertirla en ley, aseguró el diputado local perredista Enrique Velázquez González. El legislador basó su dicho en una encuesta aplicada en la zona metropolitana de Guadalajara a 402 personas entre el 19 y el 21 de abril pasados, la cual indicó que 49 por ciento de los entrevistados estaban en favor de la iniciativa, siempre y cuando no se le llamara matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo.

Cancún, QR. Activistas de organizaciones civiles afiliadas al movimiento social Nada de Nosotros sin Nosotros se manifestaron ayer ante la representación del gobierno de Quintana Roo en el norte de la entidad, para exigir al Congreso estatal una ley de inclusión de personas con discapacidad. Martha Basurto, presidenta de la fundación Astra, que ayuda a personas con autismo, reclamó que de manera anticonstitucional y en contra de los derechos humanos, la Legislatura reformó en noviembre pasado la Ley de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad del Estado que, dijo, es asistencialista, no de igualdad social.