Apodaca, NL, 13 de mayo.

En Nuevo León la gente no habla de los abusos que cometen las escuelas porque quieren evitar que los niños tengan problemas. Yo ya aguanté mucho, dijo Sanjuana García Silva, quien recientemente debió tramitar un amparo para que uno de sus hijos pudiera continuar sus estudios.

El caso de esta familia fue conocido luego que García Silva y su esposo Gerardo Rodríguez Rodríguez, padres del niño Gerardo de Jesús Rodríguez, recibieron un amparo federal para que el menor continuara sus estudios de secundaria en la escuela pública Profesora Ofelia Carrillo Cepeda, en el municipio de Apodaca.

El menor fue insultado por la maestra de cultura de la legalidad, Edith Aranda, quien lo exhibió frente al grupo por incumplir tareas y le dijo que su vida era un desperdicio, que sólo iba (a la escuela) a calentar el banco, y que se fuera del plantel.

Luego que Gerardo de Jesús fue expulsado del colegio, la familia obtuvo, el 19 de enero pasado, por medio del esfuerzo de la activista social Lila Garza Ojeda, el amparo 1141/2012 que emitió el juez federal segundo de distrito en materia administrativa, para obligar al centro educativo a recibir al menor, quien sigue estudiando en el lugar.

Tras su reingreso al centro escolar, los padres presentaron una queja por bullying ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues las agresiones contra el niño aumentaron. El organismo emitió el 13 de marzo medidas cautelares para garantizar la integridad física y emocional del menor.

Siete años antes los estudios de Julia Lizeth, hermana de Gerardo, fueron truncados por la misma escuela, pues la entonces menor no pudo obtener su certificado de secundaria en ese centro educativo tras reprobar la materia de español.

Julia, hoy de 21 años, y quien es madre soltera de Edwin Rogelio, narró que pidió a la escuela repetir el examen, pero la maestra se negó, lo que la joven atribuyó a la falta de pago de las cuotas escolares.

García Silva señaló que aunque su hija pidió en varias ocasiones a la escuela que le repitieran el examen, e incluso la familia acudió a la Secretaría de Educación estatal para que la ayudaran, nunca lograron obtener el certificado.

Los agravios contra la familia incluyen al hijo de Julia. Edwin Rogelio estudia en una escuela lejos de su casa, y repite un grado ya cursado. La escuela pública Elsy Raport Hernández, donde estudiaba Edwin, se negó a entregarle la constancia de estudios de segundo año de prescolar, luego que no pagó los 650 pesos que pedían de cuota, aseguró García Silva.

El cobro de cuotas escolares estuvo permitido en Nuevo León hasta el pasado 8 de febrero, cuando entró en vigor una reforma a la Ley de Educación estatal que las prohibió. Aunque se desconocen las estadísticas, muchos estudiantes truncaron sus estudios por falta de ese pago. A la fecha, habitantes de esta capital desconocen la reforma del Congreso para evitar la deserción escolar, y algunas escuelas aún condicionan exámenes y certificados al pago de las mismas.

“Las autoridades de Educación nada hacen para controlar los abusos. Los maestros se sienten protegidos por el sindicato, y muchos afirman que ‘a nosotros no nos pasa nada’. Por eso padres y alumnos tenemos que acatar todo lo que dicen”, aseguró García Silva.