La visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) levantó actas administrativas contra más de 70 empleados de la institución por supuestas fugas de información, relacionadas con la falta de distribución de recursos y operatividad que enfrenta la dependencia.

Funcionarios que colaboran con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, revelaron que la oficialía mayor de la institución solicitó una pesquisa para sancionar toda supuesta falta de confidencialidad.

El propósito es impedir que trascienda que el presupuesto anual no ha sido distribuido, debido a que no ha concluido el proceso de restructuración mediante el cual se busca construir lo que se ha denominado la Procuraduría del siglo XXI, afirmaron.

Los funcionarios consultados revelaron que las actas administrativas fueron levantadas contra empleados adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la Policía Federal Ministerial y la oficialía mayor, ya que los altos mandos de la PGR consideraron que de allí se han gestado presuntas fugas de información que revelan la falta de recursos para realizar cateos e investigaciones en contra de células del crimen organizado y casos de secuestro.

La falta de distribución presupuestaria también ha provocado que agentes policiacos y del Ministerio Público paguen con recursos propios sus viáticos –transporte, alimentación y hospedaje– cuando viajan para cumplir con el desahogo de diligencias en juzgados de distrito fuera de la ciudad de México, donde se ventilan procesos a los que están obligados a acudir.

Las fuentes consultadas refirieron que la visitaduría de la PGR tiene la encomienda de indagar si existe responsabilidad por parte de los servidores públicos mencionados, ya que podrían hacerse acreedores a sanciones que irían de una suspensión al despido.