El proyecto de restructura de la Procuraduría General de la República (PGR) contempla crear cinco subprocuradurías regionales, desconcentrar la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) y solicitar al Congreso que se limite la facultad de investigación de la Policía Federal con el fin de que todas sus actuaciones –bajo la conducción del Ministerio Público Federal– se constriñan a delitos cometidos en flagrancia.

El proyecto del procurador Jesús Murillo Karam, que ya fue puesto a consideración del presidente Enrique Peña Nieto, incluye la propuesta de regresar a la Policía Federal Ministerial su anterior nombre de Agencia Federal de Investigación (AFI), revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

También se plantea que todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que dupliquen las labores de la PGR sean transferidas al Ministerio Público Federal.

El proyecto de la llamada Procuraduría del siglo XXI busca una mayor operatividad en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos, a través de la reorganización de funciones y distribución regional en el país, explicaron las fuentes.

En ese contexto –siempre de acuerdo con los datos proporcionados por los funcionarios federales–, el proyecto contempla una organización horizontal, en la cual no existan especialidades, sino trabajo completo (recepción de denuncias, inicio de averiguaciones previas, recepción de detenidos y consignación ante jueces federales y seguimiento a los procesos penales hasta su conclusión), y que esto se coordine con los otros órdenes de gobierno conforme al plan de seguridad pública; es decir, que exista una subprocuraduría por cada región en que se divida al país.

Las zonas

En el esquema inicial presentado al Presidente se propone que las cinco regiones sean: zona noroeste, que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; zona noreste, que atenderá Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; zona occidente, con Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; zona centro, que tendrá la responsabilidad del Distrito Federal y los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y zona sureste, que comprenderá Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La división territorial planteada fue publicada el pasado 10 de enero en el Diario Oficial de la Federación y formó parte de los acuerdos de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que fue la primera reunión encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Según los plazos, la distribución territorial convertida en coordinaciones regionales deberá estar en operación en un plazo de 45 días contados a partir de su aparición en el órgano informativo del gobierno federal.

Los entrevistados señalaron que aún no se definen los nombres de cada subprocuraduría, pero podrían quedar conforme a la división regional.

Las actuales subprocuradurías de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y la Especializada en Investigación de Delitos Federales dejarían de existir como tales para dar paso a las nuevas instancias, con lo cual desaparecería también el grado de especialidad con que se maneja cada una.

La restructuración también impactará el diseño bajo el que opera la Seido, ya que en lugar de concentrar sus operaciones en la capital del país, cada subprocuraduría regional contará con personal especializado en las materias que atiende la primera, como la persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), tráfico de armas, trata de personas, terrorismo, delitos contra la salud y robo y asalto de vehículos.

El plan de restructura también contempla el estudio de la viabilidad de regresar los viejos nombres que tenían las distintas áreas. Por ejemplo, que se quite el referente de Policía Federal Ministerial y se retome el de AFI, pues se realizará una labor apegada a esquemas de investigación y se busca que no exista confusión con las tareas que tiene asignadas la Policía Federal; la Seido y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales eran mejor conocidas con sus antiguos nombres y no tuvo sentido cambiar solamente sus siglas, cuando la necesidad es mejorar el trabajo y sus resultados, indicaron las fuentes.

Asimismo, ante la desaparición formal de la SSP federal y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que encabezará Manuel Mondragón y Kalb, todas las áreas que duplican las labores que lleva a cabo la PGR se transferirán al Ministerio Público, entre ellas las que tienen que ver con trabajos periciales o forenses.

Los cambios en la procuraduría también contemplan un mejor uso de las instalaciones de la Policía Federal Ministerial y su crecimiento conforme a las labores que debe llevar a cabo una corporación encargada de investigar de manera científica con personal y capacidades suficientes, ya que desde 2007, cuando se pretendió fusionarla con la Policía Federal, todos los instrumentos con que contaba la AFI se transfirieron a la SSP y se desmanteló su potencial.