En sendos recursos promovidos por separado, PAN y PRD se inconformaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) que exonera de responsabilidad a la coalición PRI-PVEM por la triangulación finaciera operada mediante Banca Monex para fondear –acusan– recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Ambos documentos coinciden en conceptos de agravio, como la falta de exhaustividad en la investigación de la Unidad de Fiscalización e indebida valoración de las pruebas. En el caso del PRD, advierte sobre la falta de indagación acerca de que haya sido una empresa mercantil (Alkino) y no una institución financiera la que presuntamente prestó los recursos al PRI, lo que es parte del entramado presuntamente ilegal, según considera el sol azteca.

También cuestiona las versiones contradictorias que en su momento dieron operadores de la campaña, como el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray (entonces coordinador de la campaña presidencial), que en principio negaron la existencia de esta triangulación financiera por medio de Banca Monex.

Posteriormente admitieron el uso de los monederos electrónicos y, de acuerdo con el recurso, las irregularidades no investigadas, en las que se vieron involucradas varias empresas fantasmas, hacen evidente que el contrato presentado por el PRI con Alkino fue realizado después de que se detectó la operación irregular. El PRD cuestiona que a pesar de estas evidencias no se hiciera una investigación exhaustiva

Fraude a la ley

De igual forma, critica la falta de investigación del IFE sobre el destino de los 66 millones de pesos que fueron erogados (según la cifra que investigó el organismo electoral, aunque señalan que habían mayores recursos involucrados). Indicaron que se aportaron testimonios de ciudadanos tabasqueños que fueron beneficiarios de las tarjetas Monex, que no fueron consultados.

En el caso del PAN, critica la falta de investigación en las diversas empresas involucradas que, a decir del blanquiazul, debieron ser indagadas con exhaustividad, pues es evidente que toda la operación tuvo como principal objetivo el financiamiento de la campaña del PRI.

Según considera el PAN, las investigaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización favorecen que quede impune lo que define como un fraude a la ley, porque se declaró infundado lo que es un financiamiento ilícito a la campaña priísta.

De admitir la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización –advierte–, se daría pauta para que en el futuro los partidos tengan la vía abierta para realizar operaciones ilícitas –validadas por el IFE–, en las que empresas mercantiles aporten dinero a las campañas políticas.

Decimos que es un fraude a la ley porque se hace parecer algo como legal cuando no lo es; para el caso en cuestión, clara y efectivamente quienes financiaron la difusión de los monederos fueron diversas empresas de carácter mercantil (Alkino, Atama e Inizzio, entre otras), no el partido político denunciado, que además incumplió con las formalidades esenciales en materia de fiscalización, advierte.

Ambos partidos demandan que se investigue más a todas las empresas involucradas en esta operación ilegal.

El recurso se interpone justo en el momento en que la aprobación de los gastos de campaña presidencial están en impasse, luego de que se pospuso por una semana la discusión y aprobación de los dictamenes de la Unidad de Fiscalización del IFE.