Ante el anuncio de que el gobierno federal prepara cambios a la Ley General de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el grupo parlamentario del PAN dieron a conocer que elaboran también proyectos de modificación, conjuntamente con organizaciones sociales.

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, informó que la Comisión de Derechos Humanos está enfocada en esas reformas, encaminadas a enriquecer y hacer viable ese ordenamiento, para lo que en los próximos días se reunirán con el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia.

Incorrecto, descalificar

Barbosa deploró que un día antes, en un foro organizado por la bancada del PAN, se haya descalificado esa Ley General de Víctimas y el propio coordinador panista, Ernesto Cordero, expresara que nunca debió publicarse.

Descalificar y decir que mejor no se hubiera publicado no es lo correcto, ya que se trata de un reclamo muy sentido de la población que ha sufrido en carne propia los efectos de la violencia, destacó. Asimismo, dijo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, prepara las modificaciones necesarias para aterrizar las normas definidas en la ley, promulgada el pasado 5 de enero. La intención es presentar el proyecto en el periodo de sesiones que empieza hoy, dijo.

También explicó que si el gobierno federal remite al Senado su propia iniciativa, será bienvenida y se dictaminará conjuntamente con las otras propuestas.

El grupo parlamentario del PAN, que encabeza Ernesto Cordero, dio a conocer ayer que luego del foro realizado un día antes, concluyen que existe una duda razonable sobre la constitucionalidad de la ley, en razón de que la Carta Magna no faculta expresamente al Congreso de la Unión a legislar en esa materia y, en consecuencia, dicha atribución se entiende reservada a las legislaturas de las entidades federativas.

Asimismo, consideran que la ley no es operativa y requiere cambios sustanciales, sobre todo en las reglas relativas al reconocimiento de la condición de víctimas y la configuración de las instituciones encargadas de definir y aplicar las políticas encaminadas a la protección de los derechos de las afectados por el crimen en todo el país.

Para los panistas, la ley es económicamente inviable, ya que impone una carga presupuestal que es imposible enfrentar con el actual régimen fiscal.