on el telón de fondo del sobrendeudamiento de gobiernos estatales y municipales, los principales dirigentes de la Federación Nacional de Municipios de México, de la Asociación Nacional de Alcaldes y de la Asociación de Autoridades Locales de México –organizaciones que agrupan a ediles del PRI, PAN y PRD, respectivamente– señalaron ayer que, más que un rescate financiero a los ayuntamientos y las entidades en problemas, se requiere poner fin al régimen de exenciones en el pago del impuesto predial –que favorece a los aeropuertos concesionados, las empresas telefónicas, las petroquímicas, las refinerías y los templos, entre muchos otros, que no pagan ese impuesto al municipio–, así como la aplicación de reglas claras y transparentes en la entrega de las participaciones fiscales por la Federación.

Ante la negativa del gobierno federal a emprender el salvamento de administraciones locales en dificultades financieras, resulta particularmente atendible la propuesta comentada porque busca, en un espíritu horizontal y apartidista, hacer valer y fortalecer el pacto federal y el principio constitucional del municipio libre, consagrado en los artículos 21 y 115 de la Carta Magna, que reconoce a los ayuntamientos como la base de la organización política y administrativa de la institucionalidad nacional.

En el marco de una estructura fiscal centralizada en exceso, las exenciones del pago de predial –mecanismo que favorece a unos 300 mil inmuebles en el país– afecta el rubro principal de la recaudación de los ayuntamientos y mina su capacidad de satisfacer los requerimientos de sus gobernados. Adicionalmente, ese régimen de exención genera una situación inequitativa y ventajosa para las empresas por él favorecidas.

La solicitud de mayor claridad, equidad y transparencia en el reparto de las participaciones federales se sustenta en una consideración fundamental: los impuestos federales al ingreso y al consumo se generan en actividades económicas que tienen lugar en el ámbito municipal; es pertinente que se aplique los principios referidos de manera subsidiaria a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, los cuales suelen padecer un trato inequitativo que no refleja su aportación a las finanzas nacionales.

Por último, la eventual aprobación de esas medidas no debiera ser vista como una solución final a la problemática del desmesurado crecimiento de las deudas estatales y municipales, en la medida en que detrás de ese fenómeno es inevitable suponer responsabilidades administrativas e incluso penales de diversa índole. Significativamente, el grueso de las deudas contraídas por las administraciones de estados y municipios se acentúa en los años previos a los periodos de transición gubernamental y en tiempos electorales, en los que suele proliferar el reparto masivo de dinero y bienes en especie a gran escala entre los votantes, épocas en las que repunta, además, la inversión en programas sociales, tanto federales como estatales y municipales, de claro tinte electorero.

Es tarea ineludible, pues, esclarecer la posible conexión entre el endeudamiento de los estados y las campañas proselitistas y emprender una investigación contable exhaustiva en la que se determine qué parte de los faltantes financieros fue empleada en forma legal y qué porcentaje fue ejercido de manera irregular, así como una pesquisa judicial que deslinde las responsabilidades administrativas o penales de diversos funcionarios.