A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó precedente al conceder la libertad de Florence Cassez por violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, así como a las garantías de legalidad y a los derechos consulares de la ciudadana francesa, una cascada de demandas de amparo se han presentado en juzgados federales, revelaron abogados y fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

En estas demandas de garantías, los abogados penalistas que defienden a miembros de la delincuencia organizada y a otros imputados por delitos que van desde posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita, han pedido la libertad para sus defendidos utilizando como prueba toral el reciente criterio aislado de la primera sala de la Corte sobre el caso Cassez, que por no ser jurisprudencia no es obligatorio para los jueces y magistrados federales.

De acuerdo con los informantes, entre el viernes pasado y este lunes se han presentado por oficialía de partes común del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro –donde se ubican los juzgados en materia de amparo penal en el Distrito Federal–, y en otros juzgados mixtos con sede en los estados de México, Tamaulipas y Jalisco –donde se localizan penales de máxima seguridad–, al menos 80 peticiones de libertad mediante juicios de garantías.

En esas demandas de amparo se alega que por vicios de forma (violaciones al debido proceso) debe concederse la libertad de los presos quejosos, fundamentalmente a partir de la reciente resolución de la Corte que canceló los 60 años de prisión que enfrentaba Cassez por secuestro.

La carga argumentativa en la mayoría de estas solicitudes de amparo que se han presentado en los juzgados federales –en los tres días recientes– se respalda en la opinión jurídica del ministro Arturo Zaldívar, quien el pasado miércoles, durante su intervención previa a conceder el amparo a la ciudadana francesa, refirió que todo el caso Cassez terminó por caerse por el simple hecho de que la Policía Federal no la puso a disposición del Ministerio Público tan pronto como la detuvo, entre otras violaciones al debido proceso.

El respeto de los derechos humanos de todos es lo que distingue la democracia del autoritarismo y es lo que legitima y construye un Estado constitucional de derecho. Yo no entiendo otra forma en la cual pueda el Estado perseguir los delitos y cumplir sus finalidades, si no es con el respeto absoluto de los derechos humanos, sostuvo la semana pasada Zaldívar, quien fue respaldado por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero.

Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que independientemente del fallo de la Corte, que permitió la libertad inmediata de Cassez, los juzgados que conozcan de estas demandas de amparo tramitadas por inculpados que se quejan por violaciones a su debido proceso no están obligados a acatar el criterio de la SCJN, porque no fue jurisprudencia, fue sólo un criterio.

Para que sea jurisprudencia, la primera sala de la Corte deberá reiterar cinco casos en el mismo sentido que se resolvió con el asunto Cassez.