egún la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), el único candidato presidencial que rebasó los topes de gastos de campaña en el proceso electoral pasado fue Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista. Si en su sesión de mañana el Consejo General del organismo aprueba tal dictamen, ello se traduciría en una multa de 63 millones de pesos para los partidos que integraron esa alianza: el de la Revolución Democrática, el del Trabajo y el Movimiento Ciudadano. En contraste, la oficina referida exoneró de esa falta a la coalición Compromiso por México (PRI- PVEM), que postuló a Enrique Peña Nieto, y al Partido Acción Nacional, cuya abanderada fue Josefina Vázquez Mota; adicionalmente, la Unidad de Fiscalización del IFE encontró diversas irregularidades en el conjunto de las candidaturas, especialmente la priísta-verde, por irregularidades en el manejo de gastos de campaña y omisiones de información a la autoridad.

El primero de los puntos señalados es, con mucho, el que más llama la atención porque choca frontalmente con la generalizada percepción social, documentada por los medios, de que el aspirante presidencial de las izquierdas fue el que llevó a cabo la más austera de las campañas, en tanto que sus rivales priísta y panista realizaron un derroche de gastos tan inocultable como desproporcionado respecto de los recursos públicos manejados por sus partidos respectivos, tanto en los ámbitos federal como estatal y municipal.

En el caso del Revolucionario Institucional, el financiamiento de campaña estuvo, además, marcado por las operaciones oscuras de dinero con las célebres tarjetas Monex, los plásticos de prepago de una tienda de autoservicio y las tarjetas de saldo de telefonía celular, instrumentos de pago que fueron adquiridos en forma triangulada y repartidos copiosamente en amplios sectores del electorado. Cabe recordar que el Movimiento Progresista recabó, entre julio y agosto del año pasado, miles de esos instrumentos, además de toneladas de objetos propagandísticos, y que en el mes siguiente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) desechó sin gran trámite tales indicios de una compra masiva de votos. La semana pasada el propio IFE reconoció la existencia de las tarjetas Monex, las tuvo por legales e ignoró que en su compra intervinieron empresas fantasmas, además de que no se acreditó la procedencia legal del dinero invertido en las transacciones correspondientes.

Un ejemplo de la manifiesta disparidad de los recursos manejados en las campañas de Peña Nieto y Vázquez Mota, por un lado, y la de López Obrador, por el otro, es el rubro de transporte y logística: en tanto los primeros se movilizaron de manera regular en aviones y helicópteros privados, el segundo recurrió en forma sistemática a vuelos comerciales y al transporte terrestre. El contraste se repitió en la publicidad en espectaculares, en la logística y en la producción y obsequio de los llamados utilitarios propagandísticos.

En suma, en su revisión de los gastos del pasado proceso electoral la Unidad de Fiscalización del IFE parece haber optado por un acomodo de números contrario a las realidades atestiguadas por el grueso de la sociedad. Si su Consejo General convalida tal extravío, el organismo encargado de organizar y vigilar los procesos electorales estará lanzando el mensaje ominoso de que quienes señalen irregularidades serán acusados de ellas, lesionará en forma permanente lo que le resta de credibilidad, refrendará el desaseo de sus principales funcionarios durante la pasada elección presidencial y causará daño grave a los anhelos sociales de democracia efectiva que le dieron origen.