Si la Cruzada Nacional contra el Hambre no incorpora temas productivos y sólo se circunscribe a dádivas y políticas asistenciales, nace muerta, advirtieron los dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Asimismo, demandaron al Ejecutivo federal y al gabinete agropecuario crear un acuerdo para el campo similar al Pacto por México, que modifique la actual política dirigida a la producción de alimentos; mientras, El Barzón denunció que dicho programa es unilateral, pues no convocó a productores, organizaciones civiles ni consumidores.

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de El Barzón, coincidió en que la estrategia de combate al hambre impulsada por el Ejecutivo por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) tiene una connotación totalmente asistencialista, y criticó que sea la única dependencia dedicada al combate a la pobreza, cuyos recursos no alcanzan a mitigar los efectos de las políticas regresivas impulsadas por las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Economía, que son verdaderas fábricas de pobres.

En conferencias por separado, el CAP y El Barzón lamentaron que el apoyo gubernamental destinado al campo privilegie a los grandes productores, no a los pequeños agricultores.

Federico Ovalle, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), destacó que 96 por ciento de los recursos dirigidos al agro van a la bolsa de los empresarios y para hacer propaganda, y lo poquito que queda no se puede ejercer porque hay corrupción, tortuguismo, desinterés e intereses creados para favorecer a unos cuantos.

Como ejemplo, refirió que sólo 1.1 por ciento de los productores nacionales se lleva 96 por ciento del gasto gubernamental destinado al fomento productivo, mientras 70 por ciento de los campesinos, que tienen de una a 50 hectáreas, obtienen 4 por ciento.

Destacó que es necesario modificar el modelo actual de apoyo al agro, el cual sólo favorece a los grandes empresarios, y respaldar con políticas productivas, no asistenciales, a los pequeños y medianos productores, entre ellos los indígenas, con miras a lograr la soberanía alimentaria en el país, pues ya se importa 46 por ciento de los comestibles.

Por su parte, los barzonistas señalaron que una política contra el hambre y la pobreza debe garantizar la coordinación entre dependencias, reorientar la política agropecuaria, acotar el poder de los monopolios en el sector agroalimentario y fortalecer la producción nacional de alimentos.

Ramírez Cuéllar refirió un estudio del Banco de México, según el cual 60 por ciento de la canasta básica corresponde a productos donde no existe competencia económica, y que la propia Comisión Federal de Competencia ha señalado que la concentración oligopólica y monopólica en comestibles como leche, pan de caja, harina de maíz, huevo y carne está generando que a las zonas más pobres lleguen con un sobreprecio de 30 por ciento.

Llamó a crear un consejo nacional de seguridad alimentaria, pues actualmente hay 300 programas a escala federal y 2 mil 900 a escalas estatal y municipal, sin coordinación entre las dependencias.

Las 12 organizaciones que conforman el CAP reprocharon también la exclusión de las agrupaciones campesinas en la planeación y creación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y lamentaron que el gobierno federal sólo haya tomado en cuenta a los grupos privados con presencia en el campo, motivo por el cual anunciaron diversas acciones para reclamar su derecho de interlocución, entre ellas una movilización el próximo 10 de abril.