El presidente Enrique Peña Nieto entregó ayer los primeros apoyos del Programa de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con los cuales se dan por terminados los conflictos agrarios en más de 4 mil hectáreas de núcleos agrarios en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas.

Dar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra es urgente, afirmó el mandatario ante dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas que ayer acudieron a la explanada Francisco I. Madero de la residencia oficial de Los Pinos. También informó que ya dio instrucciones a Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que se aceleren los procesos que están bajo sus atribuciones para resolver los conflictos del campo.

Se trata –explicó– de que el país sea más productivo y a la vez se logre que el campo mexicano tenga un rostro de más justicia y modernidad, que aseguremos rentabilidad mayor para quienes son trabajadores de la tierra y se erradique la imagen de pobreza y rezago social que acompaña a varias partes de ese sector.

La entrega de los documentos que acreditan la propiedad de terrenos es un acto de justicia social, subrayó Peña Nieto. Resuelven seis conflictos, algunos de ellos con más de 40 años de antigüedad.

Alvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, señaló que como inicio está bien, pero hay alrededor de un millar de asuntos pendientes en espera de solución. En breve entrevista, el dirigente –quien estuvo en el podio durante el acto oficial– estimó que la voluntad política del jefe del Ejecutivo deberá traducirse en asignaciones presupuestales crecientes y específicas para atender los conflictos agrarios que hay en el país.

Consideró que para ello se necesitarían alrededor de 15 mil millones de pesos. En este año la Sedatu dispone de aproximadamente mil millones. Este monto es casi el mismo que ha estado disponible en los años pasados para el tema del ordenamiento de la propiedad rural. Esperaríamos que en el presupuesto del próximo año (2014) se rompa la inercia que ha prevalecido durante mucho tiempo, apuntó.

También acudieron a Los Pinos José Narro Céspedes, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); el senador Gerardo Sánchez García, de la Confederación Nacional Campesina, y Max Correa, de la Central Campesina Cardenista. Todos estuvieron en el podio y al final de la ceremonia dialogaron brevemente con Peña Nieto.

Max Correa comentó que le expresaron la necesidad de diseñar un nuevo Acuerdo Nacional para el Campo. En el Pacto por México hay 95 compromisos y sólo dos o tres se refieren al sector agrícola, pero no mencionan los mecanismos de acción. Peña Nieto estuvo de acuerdo y ahí mismo instruyó a Ramírez Marín a que empiece a trabajar en el tema.

Se requiere una estrategia específica para el sector, por medio de la cual se garantice la soberanía alimentaria y la seguridad agroalimentarias, así como erradicar la pobreza rural y el respeto a la tierra y su protección ante los impactos ocasionados por el cambio climático, entre otros, señaló Correa.

Otro asunto que en unos cuantos minutos plantearon a Peña Nieto fue el de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se dará a conocer este lunes. Le dijimos que no queremos que se limite a una política asistencialista, sino que promueva la producción nacional de alimentos y de esa manera se fortalezca la soberanía alimentaria del país.

Durante el acto oficial, el Presidente también entregó 54 carpetas de expropiación de predios donde se ha construido obra pública, en favor de 16 gobiernos estatales.