on el telón de fondo del escándalo por los presuntos sobornos entregados a autoridades mexicanas para ampliar su presencia y su dominio en el mercado nacional –información revelada por el diario The New York Times en abril del año pasado, y enriquecida en un informe difundido recientemente por los congresistas estadunidenses Elijah Cummings y Henry Waxman– Wal-Mart anunció la remoción de su presidente y director general para Latinoamérica, Eduardo Solórzano, quien es señalado en las demandas interpuestas en Estados Unidos como pieza central de la presunta red de cohecho y de desembolsos ilegales que dicha empresa tendió en nuestro país.

Aunque la firma estadunidense informó que Solórzano seguirá al frente de la presidencia del consejo de administración de Wal-Mart México, la medida ha sido interpretada como una política de control de daños puesta en práctica por el mayor minorista de nuestro país y del mundo, sobre todo por cuanto se hizo acompañar de una promesa de colaboración con la Procuraduría General de la República en las investigaciones del caso y con señalamientos en el sentido de que el respeto por las leyes y las instituciones mexicanas es un valor fundamental para la compañía.

Lo anterior obliga a recordar que los sobornos presuntamente entregados a autoridades mexicanas –con el aparente conocimiento de los altos ejecutivos de la matriz estadunidense– distan mucho de ser el único caso que involucra a la trasnacional con actividades ilícitas en el país. Desde mucho antes de que el rotativo neoyorquino difundiera la información referida, Wal-Mart había sido señalada de forma recurrente por emprender prácticas de competencia desleal y de dudoso apego a la legalidad, en perjuicio de pequeños comercios y de comunidades enteras, así como por sus políticas antilaborales, como la prohibición de sindicatos, la firma de contratos de protección patronal y la imposición a sus empleados de jornadas laborales extenuantes y sin pago de horas extras.

Adicionalmente, la empresa se ha caracterizado por poner en marcha una expansión corporativa inescrupulosa y lesiva para los entornos, que incorpora construcciones en terrenos ejidales y comunales, en zonas adyacentes a sitios arqueológicos y a zonas naturales protegidas, las cuales, más allá de que hayan sido o no realizadas vía el pago de sobornos, son dudosamente compatibles con el espíritu de las disposiciones legales vigentes en materia de preservación del patrimonio arqueológico, histórico y ecológico del país.

Es falso, en suma, que la compañía tenga el respeto por las leyes e instituciones de México como valor fundamental; su objetivo principal, en cambio, es la maximización de ganancias y la minimización de los costos, y en esa lógica ha incurrido en prácticas de depredación similares a las que caracterizan a la mayor parte de las trasnacionales, sobre todo en países con economías débiles y dependientes, y con entornos institucionales descompuestos, como es el caso de México.

Lo más grave y exasperante de este fenómeno, en todo caso, es que cuando llegan a descubrirse prácticas como las referidas, ello ocurre porque las instancias legislativas, judiciales o policiales de Estados Unidos, o bien los medios de ese país, deciden destaparlas. En cambio, en las instituciones mexicanas encargadas de procurar justicia ha imperado una persistente indolencia para vigilar a entidades extranjeras públicas o privadas que operan en nuestro territorio, como lo revela el hecho de que, a más de ocho meses de que se dio a conocer la presumible red de corrupción tendida por Wal-Mart, la propia PGR no ha dado a conocer avance alguno en las pesquisas que desarrolla. Tal indolencia genera, en suma, un terreno propicio para la impunidad, la vulneración persistente del estado de derecho y la multiplicación de la corrupción que padece el país, y reduce en forma sostenida los márgenes de soberanía nacional frente a autoridades, organismos y capitales extranjeros.