Número 197
Jueves 6 de Diciembre
de 2012


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

El 27 de abril de 2012 Niza asistió a la Vela de San Pedro Cantarito, una de las festividades tradicionales de su natal Juchitán. Ahí se le vio por última vez, ya en la madrugada del sábado 28, cuando subía a un mototaxi. A la mañana siguiente fue encontrada tirada a orillas de una carretera. Fue tal la saña con que la golpearon que dos días después falleció en el hospital. Tenía 24 años.
El asesinato de Niza, mujer transexual del colectivo juchiteca "Muchachitas como tú", movilizó a la comunidad muxe y a organizaciones de derechos humanos de esa región, quienes exigieron el esclarecimiento del crimen de odio. El 1 de julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Jonás Pérez Hernández, conductor del mototaxi y presunto asesino de Niza.
El caso de Adriana, otra muxe ejecutada en marzo de 2009 también en Juchitán, sigue impune, igual que el asesinato de Karla, trabajadora sexual trans estrangulada en una vivienda a las afueras de Salina Cruz en octubre de 2011. Lejos del Istmo, en Tuxtepec, fue asesinado a hachazos José Martínez, el 30 de junio pasado. En todos los casos, las investigaciones siguen abiertas y sin resultados.
Estas ejecuciones muestran el rostro más estridente de la homofobia en Oaxaca, estado diverso donde se oscila entre el orgullo muxe del Istmo, la aparente unanimidad heterosexual de los usos y costumbres indígenas, y la flamante etiqueta gay friendly para la turística capital.

Derechos en la sombra
Melissa es abogada. Desde hace más de siete años vive de acuerdo a su identidad de género. "Soy la primera chica trans que ha trabajado en el gobierno del estado", presume, pues laboró un par de años en el Centro Estatal para la Prevención y el Control del VIH/sida (Coesida). Ahora es empresaria, hace un mes abrió un pequeño bar llamado El Clóset en Ixcotel, barrio del poniente de la ciudad de Oaxaca.
Para Melissa la principal demanda de la comunidad trans es la falta de oportunidades que orilla al trabajo sexual y limita el acceso a tratamientos de reasignación sexual. La falta de identidad legal es otro lastre que se suma al rechazo social y a la falta de atención profesional para la disforia de género. "Cuando inicié mi reasignación, fui con un endocrinólogo aquí en Oaxaca, pero me dijo, casi, que traía el diablo adentro, que por qué quería ir contra la naturaleza". Finalmente, viajó a la ciudad de México para someterse al procedimiento médico y psicológico indicado para la transexualidad. "Mi familia me apoya económicamente, pues esto no sale nada barato". Melissa ha tenido suerte.
Aunque no tienen el estigma físico de la transexualidad, gays y lesbianas también enfrentan dificultades. El mandato de la tradición presiona, y mucho, considera Eduardo Altamirano, joven activista de Amemos Vihvir, organización civil de apoyo para personas que viven con VIH. "Muchas personas tienen que abandonar sus lugares de origen y venir a la ciudad para ejercer su sexualidad libremente", luego de que inicia la presión por no casarse o por no mostrarse tan viriles o tan femeninas como Dios manda. Las condiciones de migración casi siempre son precarias y la homofobia agrava la pobreza.
En la ciudad, las agresiones son un riesgo siempre latente y un dato sordo, por el bajo número de denuncias. "Hay personas y bandas que buscan relacionarse con gays, lesbianas o trans para asaltarlos o agredirlos –cuenta Eduardo– yo supe del caso de un chico a quien dejaron prácticamente desnudo en la calle, fue una situación bastante fuerte". E impune: "lo ideal sería denunciar ante el Ministerio Público, pero muchas personas deciden no hacerlo, por temor a la discriminación del personal o a salir en la nota roja de los periódicos, que suelen recalcar mucho la orientación sexual de las víctimas".

Gay friendly sí; matrimonio, a punto
Pese a todo, Melissa considera que "la sociedad ha cambiado, es un poco más abierta", aunque siempre hace falta educar y reconocer derechos tan básicos como la no discriminación. Una señal del cambio de actitudes es la declaración, en julio de 2011, de la capital de Oaxaca como ciudad gay friendly.
A pesar de ser una estrategia más vinculada a incrementar las visitas de turistas extranjeros de altos ingresos que a reconocer derechos, la aprobación fue polémica, por el empeño de tres de los regidores municipales de impedir la "imposición de la visión de las minorías sobre los valores de la sociedad mayoritaria". La postura del edil Luis Ugartechea muestra cómo la sociedad ha superado los viejos prejuicios con más rapidez que la política: "El brinco generacional supera a los partidos políticos y las instituciones, para muchos de nosotros esos temas no son ni siquiera temas que nos causen ruido".
Los políticos están en otra sintonía, en el Congreso estatal está atorada la iniciativa de ley para prevenir la discriminación, legislación espejo de la que existe a nivel federal. Ni hablar de otras modificaciones legales, como permitir el cambio de nombre por reasignación de género.
En particular, el matrimonio igualitario es un tema candente en Oaxaca, pues apenas este 5 de diciembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, por unanimidad, conceder amparos a tres parejas del mismo sexo a las que les fue negado el derecho al matrimonio, pues el Código Civil local establece que el matrimonio es la unión "de un hombre y una mujer".
Un día antes, el martes 4 de diciembre, los diputados locales Flavio Sosa Villavicencio y Pável López Gómez, del Partido del Trabajo, presentaron ante el Congreso local una iniciativa para modificar el artículo 143 del Código Civil, con el fin de reconocer el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los legisladores argumentan que la redacción vigente de dicho código contraviene lo dispuesto en la Constitución federal y diversos instrumentos internacionales en lo relativo a la igualdad y a la no discriminación por preferencia sexual.

Visibilizar desde las instituciones
El 16 de mayo pasado, el gobernador Gabino Cué encabezó la firma de un Acuerdo Interinstitucional sobre Criterios de No Discriminación por Preferencia Sexual e Identidad de Género, documento que enumera acciones preventivas en áreas sensibles como la educación, la salud, la procuración de justicia y la seguridad pública. El documento aborda temas como educación sexual, capacitación de policías y recomendaciones para la atención médica de casos de disforia de género.
Las acciones propuestas son seguidas por un comité interinstitucional en el que también participa la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, encabezada por Eréndira Cruzvillegas, activista de derechos humanos –ex directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)– convertida en funcionaria apagafuegos de los múltiples conflictos sociales que vive Oaxaca.
El comité, hasta ahora, se ha concentrado en la capacitación de las dependencias a través de talleres anti discriminación, y en el desarrollo de mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Se han trabajado ya temas de violencia y seguridad con funcionarios de la Procuraduría estatal y están por realizarse mesas específicas, primero con organizaciones de personas transexuales, luego con mujeres lesbianas, y después con hombres gay.
De acuerdo con Eduardo Liendro, veterano activista de la organización civil Diversidades y No Discriminación y uno de los impulsores de estas mesas de trabajo sociedad-gobierno, se busca "discutir asuntos muy concretos con los funcionarios para que de ahí surjan iniciativas y propuestas. Se trata de llevar las demandas de los colectivos y transformarlas en nuevas políticas públicas".
Para la burocracia, los talleres han sido una novedad. En octubre pasado se realizó el primero con 46 policías, con resultados favorables, de acuerdo con Cruzvillegas, cuya dependencia se encargó de impartirlo: "es la primera vez que veían estos temas, realmente fue muy interesante y grato, porque varios de ellos reconocían en su cercanía a gente que se identifica con preferencias homosexuales".
Hacia la calle se busca superar recelos y generar confianza en la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT). Desde marzo pasado funciona una Unidad Especializada para la Atención a la Diversidad Sexual que realiza –todavía con timidez– acciones preventivas y de empoderamiento. "Detectamos casos de discriminación y atendemos los que llegan directamente, los canalizamos y coadyuvamos para que las instancias de justicia, salud, educación o las que se necesiten, presten servicios de calidad a la comunidad LGBTT".
Aunque existe una sede física, no existe difusión de las acciones de la unidad, lo que en la práctica la anula. "Si vamos a la calle y preguntamos si saben de esta oficina, verás que ni siquiera se conoce", critica Eduardo Altamirano. No es extraño que apenas sumen 16 casos atendidos de marzo a noviembre; "son pocos pero están en función de lo que se ha denunciado, es importante que la comunidad haga suyo este espacio", contrasta Eréndira Cruzvillegas, y al mismo tiempo habla del inminente lanzamiento de una línea gratuita de atención para recibir quejas y denuncias.
Fuera de la capital el trabajo en la materia apenas inicia. Ya hay acercamientos con autoridades municipales en el Istmo para impulsar acciones concretas, y se pretende utilizar las escuelas como espacios para sensibilizar a la población y a los servidores públicos de todo el estado. "Tenemos que avanzar más en la capacitación en las regiones, particularmente en la Costa y en el Istmo para que no haya estigma hacia quienes sufren un agravio por su preferencia sexual", dice la coordinadora estatal de Derechos Humanos.
Pero la falta de una ley anti discriminación deja todas las acciones y proyectos estatales en buenos deseos, sujetos a las conveniencias y fobias de los funcionarios en turno, y al siempre endémico problema de la falta de presupuesto.
La aprobación del proyecto de Ley para la Igualdad y la No Discriminación del Estado de Oaxaca, redactada por esta mancuerna sociedad-gobierno y hecha suya por el gobernador, permitiría crear una instancia rectora del trabajo anti discriminación, con presupuesto propio y dientes para señalar y sancionar abusos y omisiones. "De nada nos sirve diseñar políticas públicas si no se acompañan de legislaciones que garanticen estos avances", reconoce Cruzvillegas.
El Congreso local, mientras tanto, mantiene congelada la iniciativa, presentada por Cué en agosto del año pasado. Para Eduardo Liendro se trata de falta de voluntad política de los diputados. "No hay consciencia de la importancia del tema, mucho menos una discusión seria; están atentos a otras prioridades que tienen que ver con sus agendas personales. Hemos pedido infinidad de veces que se retome el tema, pero ni las peticiones del gobernador o los exhortos desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación han sido escuchados. No están haciendo su trabajo".

SU B I R