inguna asociación religiosa debe ser privilegiada por el Estado. Sobre todo cuando constitucionalmente el Estado es laico. A la Iglesia católica, a sus jerarcas, le sigue costando mucho trabajo aceptar que en México su estatus jurídico cambió a partir de 1857, con la Constitución promulgada ese año, y que las Leyes de Reforma promulgadas por Benito Juárez rompieron de tajo la simbiosis entre esa confesión y el Estado mexicano.

Si bien el régimen jurídico se transformó, no ha sucedido lo mismo en el ámbito cultural. En éste todavía se le reconoce un considerable capital simbólico a la institución religiosa traída a nuestras tierras por los conquistadores españoles. Lo mismo entre conservadores que entre liberales y progresistas se le otorga un lugar especial al catolicismo y se mira con sospecha a otros credos religiosos practicados por millones de connacionales. Tan es así que por todas partes se usa el concepto la Iglesia para referirse a la Iglesia católica, relegando a las demás y, de facto, desconociendo la diversidad confesional realmente existente en el país.

Los gobiernos panistas, municipales, estatales y federales, han sido prolijos en favorecer a la Iglesia católica. Lo han hecho mediante cesiones del patrimonio público y buscando imponer las tesis doctrinales del organismo eclesiástico en asuntos como la ética reproductiva y el control de la fertilidad y también penalizando a las mujeres que abortan. Pero en esto no han estado solos, en algunas entidades el apoyo de legisladores del PRI fue clave para modificar las leyes que criminalizan a quienes, por distintas causas y razones, optan por aquella trágica medida.

En un acto inexplicable y contrario al espíritu democrático con el cual deben las autoridades gubernamentales conducirse frente a la diversificación religiosa y las instituciones que la representan, en 2003 Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de donar cinco predios adyacentes a la Basílica de Guadalupe para que en ellos se construyese la Plaza Mariana y otras edificaciones. En conjunto los terrenos donados suman casi 30 mil metros. El proyecto contemplaba construir en las tres hectáreas un museo, un columbario, un centro de evangelización de la Plaza Mariana, un área jardinada y áreas comunes en continuidad al atrio de la Basílica de Guadalupe. También un estacionamiento, ubicado debajo del museo y un centro comercial que remplazaría al Mercado Villa Zona, informó la versión en línea de La Jornada (9/11).

La donación indebida de Andrés Manuel la hizo cuando tenía muy buenas relaciones con el cardenal Norberto Rivera Carrera. Entonces el prelado asistía como invitado especial a todos los actos en los cuales López Obrador inauguraba obras públicas. Esas relaciones se deterioraron en 2006, cuando el arzobispo se plegó al aparato político-electoral y dio su visto bueno a los comicios en que el Instituto Federal Electoral declaró vencedor a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

El pasado viernes la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó que se revoca la donación de los cinco terrenos, con el fin de poner orden jurídico en las obras de la llamada Plaza Mariana. Esto porque no concuerdan las obras autorizadas con las dimensiones y características de las que se han construido. Es decir, los responsables de la Basílica de Guadalupe y sus socios se han ido por la libre, porque consideran que el patrimonio público lo pueden manejar a su antojo.

Al momento no queda claro qué significa lo de poner orden jurídico en los predios regalados por Andrés Manuel. ¿Acaso el regreso irrestricto del espacio al patrimonio de la ciudad, o solamente que dicha propiedad sea garantizada en el papel pero que el uso de las tres hectáreas lo usufructúe la Iglesia católica? Recordamos que el 12 de octubre del año pasado fue inaugurada una sección de la Plaza Mariana, en la ceremonia estuvieron acompañando a Norberto Rivera, entre otros, Felipe Calderón, Marcelo Ebrard y Carlos Slim. El empresario donó cerca de 700 millones de pesos para la realización del proyecto (El Universal, 13/10/11). Entre lo que falta por construir está una edificación que se estima tenga espacio para 120 mil nichos, para ser vendidos a feligreses por una suma considerable.

Sin duda es un acto encomiable la revocación jurídica que devuelve a la ciudad de México los terrenos que hace casi una década recibieron los interesados en construir la faraónica Plaza Mariana. ¿Qué motivó esa donación, inequitativa para las otras asociaciones religiosas del país? Desde un Estado laico no puede justificarse ese acto, porque favorece desde el poder a una confesión, que por muy mayoritaria que sea, tiene que habérselas con sus propios recursos para las tareas propias del credo. La financiación de cada agrupación religiosa debe descansar en su feligresía, la que de manera voluntaria proporciona donativos para que la confesión de su preferencia se expanda simbólica y geográficamente.

La función del Estado en un régimen de laicidad no consiste en parcializarse en favor de asociación religiosa alguna, sino en garantizar la libertad de cultos, proteger los derechos de la ciudadanía, que no pueden ser conculcados por las confesiones religiosas y ensanchar los terrenos de la coexistencia entre personas que tienen distintas convicciones.