El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó una demanda de amparo ante la justicia federal en favor de Francisco Santiz López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), preso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ello, ante las graves violaciones al debido proceso cometidas en su contra.

Esas violaciones son: falta de adecuados defensa y acceso a la justicia, al no contar con traductor ni defensor social que conocieran su lengua y cultura para asistirlo en su declaración ante la Procuraduría General de la República; haber tomado en cuenta pruebas al margen de los requisitos legales y constitucionales, y en cambio ignorar los testimonios de las autoridades aprehensoras, mismas que corroboran la declaración de Santiz López ante personal de la Procuraduría General del Justicia del Estado de Chiapas que se encontraba en la cabecera municipal de Tenejapa al momento de su detención, en diciembre pasado, y no en Banavil, donde ocurrieron los hechos de que se le acusa.

Por dichas irregularidades, el Frayba solicitó en el amparo la liberación inmediata de Santiz. El propio organismo civil apunta que, en el contexto de la campaña internacional Eco Mundial en Apoyo a los Zapatistas, que ha reunido acciones en más de 20 países, es oportuno enviar cartas al ministro Juan Silva Meza, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y a Jesús Hidalgo Leonel, magistrado del primer tribunal unitario del vigésimo circuito en Tuxtla Gutiérrez, solicitando la excarcelación.

El 25 de octubre se presentó el amparo indirecto contra el auto de formal prisión, y fue admitido ese mismo día en el primer tribunal unitario del vigésimo circuito, con el número 30/ 2012. Ahora, organismos sociales e individuos solicitan a los magistrados que se analice y dé seguimiento al amparo, tomando en consideración contexto y particularidades del caso.

La campaña internacional, que culminará el próximo día 17, exige el cese del hostigamiento hacia bases de apoyo del EZLN, y la libertad de Francisco, acusado injustamente por el delito del fuero federal de portar un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Las cartas dirigidas a los magistrado Silva Meza e Hidalgo Leonel reiteran que desde la fecha de su detención se evidenciaron las irregularidades en la indagatoria, e insisten en su inocencia. Se ha logrado que su expediente fuera estudiado en una mesa de reconciliación, y por recomendación de la misma, la Fiscalía del Ministerio Público Especializada en Justicia Indígena de Chiapas se desistió de la acción penal por los delitos de homicidio y lesiones.

El comerciante y agricultor tzeltal sigue preso, pues se le impuso un proceso del fuero federal por presunta portación de arma prohibida. Según el Frayba, desde las averiguaciones previas este juicio ha estado caracterizado por la falta de esclarecimiento de los hechos ocurridos el 4 de diciembre en el ejido Banavil, municipio de Tenejapa, donde integrantes del Partido Revolucionario Institucional agredieron con armas de fuego a cuatro familias simpatizantes del EZLN.

Los grupos civiles se declaran convencidos de que este caso es un ejemplo en el cual el Estado mexicano utiliza el sistema de justicia para criminalizar a bases zapatistas, como consecuencia de su ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía, con base en los acuerdos de San Andrés y sus referentes constitucionales, así como los internacionales: Convenio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En los hechos de Banavil desapareció además Alonso López Luna, uno de los agredidos. Se presume que lo asesinaron priístas, pero no se ha investigado.