l periodista griego Kostas Vaxevanis fue absuelto ayer por un juez de su país, tras enfrentar un juicio por presunta violación de datos personales. El pasado domingo Vaxevanis fue detenido en Atenas, luego de publicar una lista de más de 2 mil ciudadanos griegos propietarios de cuentas en Suiza –con valor de unos mil 950 millones de euros–, y sospechosos de evadir impuestos.

Como suele ocurrir en este tipo de episodios, la opinión pública del país helénico ha sido colocada en un falso debate entre los derechos a la privacidad, por un lado, y a la información y la libre expresión, por el otro, como si la defensa de los segundos implicara necesariamente la eliminación del primero. La realidad, en cambio, es que la investigación del periodista griego no sólo no atentó contra la privacidad de los titulares de cuentas en bancos foráneos –en la medida en que no publicó más datos personales que sus nombres–, sino que puso en evidencia la actitud omisa de las autoridades de ese país en materia de combate al fraude fiscal: a mayor abundamiento, la referida lista forma parte de un informe oficial entregado en otoño de 2010 al ex ministro de Economía George Papaconstantinou por su entonces homóloga francesa, Christine Lagarde, y que dicha información permaneció archivada desde entonces en las oficinas del gobierno de Atenas sin que se haya emprendido ninguna investigación oficial hasta ahora.

Según puede verse, las autoridades de Grecia han pretendido ampararse en una legislación nacional que protege datos personales de sus ciudadanos para justificar su propia falta de voluntad para investigar a presuntos evasores y, al verse descubiertas en esa omisión, decidieron recurrir a la salida fácil de culpar al mensajero. Lo procedente, una vez que la justicia helénica ha resuelto absolver a Vaxevanis, es que las autoridades de la nación mediterránea investiguen y sancionen a los supuestos defraudadores y a los funcionarios que decidieron encubrirlos.

México, por desgracia, no es ajeno a situaciones de este tipo, en las que se esgrime el derecho a la privacidad y los secretos fiscal y bancario para encubrir toda suerte de ilegalidades. Un botón de muestra es la recurrente invocación del secreto bancario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para no revelar las identidades de los defraudadores del Fobaproa, responsables de realizar operaciones irregulares o abiertamente ilegales en el proceso de transferencia de deudas privadas al Estado. Similares alegatos fueron formulados hace unos meses por el banco Monex, el cual ha sido reacio a proporcionar información sobre operaciones con recursos de dudosa procedencia para favorecer la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Al igual que en Grecia, las autoridades nacionales y las entidades privadas han desvirtuado con tal actitud el sentido y el espíritu de principios jurídicos concebidos para proteger la privacidad de las personas, y que son usados, en cambio, para extender patentes de impunidad a delincuentes de cuello blanco y para encubrir actividades que no pueden tener cabida en un estado de derecho.