Salud sexual
y reproductiva:

seis años de simulación

El saliente gobierno encabezado por Felipe Calderón se jacta de haber impulsado una ambiciosa política de salud, sin embargo, las áreas de salud sexual y reproductiva no registraron avances importantes. Ni siquiera un tema tan sensible como la mortalidad materna pudo ser abatido por la administración federal panista.

Guillermo Montalvo Fuentes


El 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión como jefe del ejecutivo mexicano. Durante los seis años de su gobierno se le ha dado continuidad a programas y estrategias dedicadas a resolver algunas necesidades de salud sexual y reproductiva en el país. Sin embargo, estos esfuerzos no se han traducido en implementaciones exitosas pues, a un mes de que abandone el cargo, activistas de la sociedad civil consideran que son pocos los avances en la materia.

Madres, antes que mujeres
De acuerdo con el más reciente Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), actualmente operan en el país 273 programas que tienen el objetivo de atender problemáticas nacionales en distintos rubros.
"Atención a la salud reproductiva", "Control del estado de salud de la embarazada", "Atención materno-infantil", "Reducción de la mortalidad materna" y "Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras", son algunas de las estrategias que el gobierno federal realiza en el tema de salud reproductiva.
Si bien estas acciones buscan reducir problemas de salud importantes para las mujeres, como la mortalidad materna, para Cinthya Velasco Botello, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, son programas que atienden el desarrollo de la mujer pero sólo en tanto es madre.
"Este gobierno ha mostrado muy poca voluntad para dejar de ver a las mujeres como subordinadas a la reproducción y a la maternidad; se nos sigue dando un papel dentro de la sociedad en el que primero somos madres y luego mujeres", señaló la activista.
Prueba de lo anterior, dijo, fue la "ola de restricciones" que se dio en el país luego de la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, en 2007, pues, tras el hecho, 16 entidades del país reformaron sus constituciones locales para "proteger la vida desde la concepción", una reacción que impidió a las mujeres ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo.

La vida a cambio de un hijo
Durante el gobierno de Calderón las muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo se han mantenido sin reducciones significativas, al menos así lo señalan los últimos datos recabados por el Observatorio de Mortalidad Materna en México, los cuales indican que en 2006 murieron 58 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, y en 2010 el número fue de 51.
Esta cifra se ubica por encima de la meta establecida en uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, y en la cual demanda a los países miembros, entre otras cosas, el acceso universal a la salud reproductiva y la reducción de la mortalidad materna a por lo menos 22 casos por cada 100 mil nacidos vivos para 2015.
Cabe señalar que durante este sexenio se llevaron a cabo algunas estrategias para dar respuesta a la mortalidad materna, entre ellas los programas de acción específica "Arranque parejo en la vida" y "Planificación Familiar y Anticoncepción", la intervención "Embarazo saludable", con la cual toda mujer con diagnóstico de embarazo es afiliada al Seguro Popular, además del acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el cual, desde 2009, toda mujer que presente una emergencia obstétrica debe ser atendida en cualquier unidad médica, sin importar su estado de afiliación.
Daniela Díaz Echeverría, responsable del proyecto de salud reproductiva del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que la mortalidad materna no se ha reducido significativamente en el país debido a que el gobierno federal le ha dado respuesta como si fuera un problema de salud, y no desde una perspectiva integral de derechos humanos, de interculturalidad.
"Esto implica, entre otras cosas, considerar que México es un país con una enorme población indígena, y que es ahí donde se registran los más elevados índices de mujeres que fallecen por causas relacionadas con el embarazo", señaló.
De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna, los municipios donde 70 por ciento o más de la población es indígena, tienen tres veces más mortalidad materna que aquellos sin población indígena. Según el último informe realizado por esta organización, los estados con más fallecimientos de mujeres por causas relacionadas con el embarazo, en 2010, fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Además, el informe también arrojó que en 2010, el 91 por ciento de las mujeres que fallecieron por causa materna, llegó al establecimiento hospitalario y recibió algún tipo de atención antes de morir, por lo que el Observatorio considera que la mortalidad materna en México no es atribuible a la ausencia de políticas y programas, sino a la falta de implementación de éstos.

Niños y adolescentes, los olvidados
Si la mayoría de las estrategias del gobierno federal se han concentrado en atender a mujeres embarazadas, por el contrario, los niños, niñas y adolescentes han sido una población "invisible".
Aunque el 3 de octubre pasado se incorporó la vacuna contra el Papiloma Humano en el esquema nacional de vacunación, la salud sexual de las y los menores enfrenta deficiencias, particularmente en el sector educativo del país, señaló Raffaela Schiavon, directora de la organización civil Ipas México.
Aunque la especialista recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se puso en marcha el Programa de Acción Específico en Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes, coordinado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se ha registrado un déficit en la implementación de programas de prevención del embarazo no deseado en menores de 19 años.
"El grupo de población menor a 14 años no entra en las Encuestas Nacionales de Salud, los hacemos invisibles; sin embargo, los últimos datos que tenemos nos indican que de todas las niñas hospitalizadas entre 10 y 14 años de edad, una de cada tres llega a los servicios de salud por razones maternas; y en el caso de adolescentes de 15 a 19 años, la razón es 9 de cada 10".
Por tal motivo, Schiavon afirmó que el sector educativo federal finalizará el sexenio en "deuda imperdonable" con sus jóvenes, pues las intervenciones preventivas en edades tempranas deben partir del sector educativo.
Cabe recordar que en 2008 México firmó la Declaratoria Ministerial "Prevenir con educación", acuerdo internacional en el que se comprometió a garantizar educación de calidad, incluida la educación sexual, a toda la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en ambientes libres de violencia, estigma y discriminación, a través de las modificaciones a los planes de estudio y la capacitación del personal docente.
Al respecto, la directora de Ipas señaló que, en el papel, los planes y programas que tiene México son "ejemplares"; sin embargo, en la realidad, la mortalidad materna, los embarazos no deseados y la demanda insatisfecha de anticonceptivos son todavía temas pendientes.
"Esto se debe a dificultades estructurales, problemas de implementación de las políticas y programas; además de que hace falta una rectoría federal que garantice transparencia en la ejecución de los presupuestos". Por otro lado, considera, también han existido "barreras ideológicas de este sexenio, que ha pretendido dejar en segundo plano sus compromisos en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos", aseveró la especialista.

Gobiernos con el favor de Dios
El 14 de marzo de 2012, senadores federales aprobaron una reforma al artículo 24 constitucional, en la que se estableció que "toda persona tiene derecho a convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado".
Sin embargo, en esa misma sesión, el pleno votó a favor de una reforma al artículo 40 constitucional, con lo cual se reafirmó el carácter laico del Estado mexicano.
De acuerdo con Aidé García, coordinadora de relaciones interinstitucionales de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, estas reformas son importantes, porque han sido uno de los últimos intentos de la jerarquía católica para quebrantar la laicidad del Estado.
"En estos dos últimos sexenios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), y particularmente en el de Felipe Calderón, se han registrado graves violaciones al Estado laico, pues con una visión machista, conservadora y misógina, la jerarquía católica ha tratado de afectar los derechos sexuales y reproductivos de muchas personas, entre ellas las mujeres", aseguró García.
Al preguntarle qué ha obtenido el gobierno federal al otorgar esta permisividad a la Iglesia católica, la activista contestó: "Ahora, que cada vez tenemos más dudas sobre la legitimidad de los que quedan al frente de los cargos públicos, se pretende que sea la Iglesia católica quien reconozca y legitime su función, y no la ciudadanía, como debería ser. Por eso considero que en este gobierno no tuvimos avances, lo que sucedió es que nos mantuvimos en lo que ya se había logrado en sexenios anteriores", concluyó.