n México ha sido muy difícil, si es que acaso posible, establecer un diálogo cívico durante ya muchos años. Este diálogo habría de tender a establecer algunos consensos funcionales, lo que no sería poca cosa en el entorno de irritación y su contraparte de complacencia en el que nos movemos.

Tal diálogo habría de ir más allá, hacia algo que se parezca a un cuestionamiento franco del país como es. Es, claro está, un asunto harto complejo. Esto abarca: la conformación social, el funcionamiento de la economía, el uso y la apropiación de los recursos, la organización política, la rendición de cuentas, el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, la arquitectura institucional o la inseguridad pública. No se trata de hacer una lista exhaustiva sino de plantear una cuestión que atañe a las posibilidades y a las ineludibles fricciones de la vida colectiva.

De modo recurrente se ha apelado a una especie de verdad superior para tratar los asuntos de la nación. En el campo de la economía y el dinero se impuso un modelo de apertura comercial y financiera al que se le imputan grandes beneficios, pero que no se integran en una visión más completa de su impacto productivo y social. Esto tiene que ver con el tipo de industria que hay, la cantidad y calidad de empleo e ingreso que genera, y que se asocia con una creciente informalidad y una gran emigración de trabajadores. La restructuración hacia las exportaciones de mercancías y personas tiene su otra cara en el mercado interno y la base real que representa para el crecimiento sostenido.

En aras de la verdad superior se aplicaron formas de gestión y ajuste en los periodos de las crisis económicas desde 1982 y sus secuelas. Si en términos de las cuentas públicas y de la partida doble sus efectos parecen haber desaparecido, representan en cambio un severo trastorno productivo, financiero, de empleo y bienestar general de largo plazo. Eso es lo que se advierte del comportamiento de la economía mexicana, mismo que ha sido muy desigual, cuyos beneficios se concentran constantemente y que desplaza de modo efectivo a una gran parte de la población.

La competencia externa derivada de la apertura de la economía no se corresponde con los altos grados de monopolio que existen en el mercado interno. Los sectores clave están altamente concentrados. Con la quiebra de los bancos en 1995 y su venta se recompuso ese sector y se elevó su rentabilidad, pero no lo hicieron más efectivo para financiar a las empresas y la creación de riqueza más allá de los sectores donde ésta se aglutina. El mercado de capitales es ínfimo para una economía de este tamaño, y los recursos para financiar nuevos negocios y la innovación son prácticamente inexistentes.

La estabilidad macroeconómica es hoy el argumento más socorrido de la gestión del gobierno. Pero la macroeconomía es un campo de acción con grandes variaciones cíclicas que está sujeta, básicamente, a las exigencias del corto plazo, sobre todo en un entorno global inestable y en recomposición.

Así que este aspecto de la política pública significa poner como pivote algo que es en esencia potencialmente represivo, como ya se ha experimentado repetidamente en los pasados 30 años. Una estabilidad con poco crecimiento económico y alta desigualdad social es, también, una forma de represión.

Los ajustes sucesivos y la estabilidad financiera no alteran el hecho de que la producción crece de modo insuficiente y se crean muchos menos empleos que los necesarios en un entorno de bajos ingresos. En este contexto, los cambios a la ley laboral que se debaten parten, otra vez, de una abstracción.

Las verdades superiores son muy útiles para ejercer el poder e imponer las visiones de cómo se hacen las cosas. Así se ha repetido muchas veces que esta es la única solución para tal o cual problema o cuestión en el ámbito de lo público. Pero de tal manera no es posible desenraizar las verdades concretas que tienden a entrar en contradicción con aquellas verdades abstractas.

La relación conflictiva entre la abstracción y la concreción de las verdades en los temas públicos aparece de modo abierto en el caso de la guerra emprendida contra el narcotráfico. Esto fuerza a una disyuntiva a la que muchos se remiten y que se presenta como: ¿qué otra cosa podía hacer el gobierno?. Y ahí está precisamente el punto de las verdades concretas; no se pueden desplazar en aras de la abstracción. Y eso es lo que prevalece también cuando se discuten las llamadas reformas estructurales.

Un diálogo cívico puede forzarse a partir de la brutal represión del bienestar, como ocurre hoy en Europa. La gente se lanza a la calle para provocarlo, pues se ha desterrado de la acción política de los gobiernos electos en las urnas y con medidas impuestas por burócratas que no han sido elegidos por los ciudadanos; ahí están Madrid, Londres, Lisboa o Atenas. Este es el extremo. La democracia mexicana, más allá de sus autocomplacencias, ofrece, en efecto, una poca capacidad para absorber las expresiones concretas del malestar nacional.