El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó reforzar la seguridad de los siete jueces especializados en medidas cautelares (emiten órdenes para arraigos, intervención de comunicaciones y cateos), debido a que en semanas recientes han detectado que sus domicilios particulares son vigilados por vehículos sospechosos.

Asimismo, señalan que sus teléfonos privados y los de sus familiares están intervenidos de manera ilegal, pues sólo ellos están facultados para autorizar escuchas telefónicas, revelaron fuentes de la Judicatura.

Desde hace dos meses, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió indagatorias contra estos juzgadores por presunta obstrucción de la justicia, dos de las cuales ya fueron consignadas, pero se negaron las correspondientes órdenes de aprehensión.

Las fuentes consultadas precisaron que en las últimas seis semanas estos jueces de medidas cautelares –creadas en 2007– han sido más estrictos con los fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y al contrario de lo que ocurría en años anteriores, han negado varias peticiones de la PGR, fundamentalmente en casos de cateos e intervención de comunicaciones telefónicas o de correos electrónicos.

En junio de 2008, Luis María Aguilar, entonces consejero de la Judicatura, dijo a La Jornada que con estos juzgados de medidas cautelares sería más fácil evitar fugas de información, pues las solicitudes de medidas cautelares se harán de manera electrónica, lo que permitirá al Ministerio Público comunicarse directamente con los jueces; así habrá certidumbre para saber en qué momento exacto se pidió la medida cautelar, y cómo el juez recibe directamente la petición.

Y también desde entonces la labor periodística es más difícil, y también las posibilidades de defensa para las personas acusadas de delincuencia organizada son muy limitadas, porque los jueces de medidas cautelares sólo dan acceso a los expedientes a fiscales de la PGR.

Desde que se crearon estos juzgados especiales, por iniciativa del presidente Felipe Calderón (la idea original es de Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR), los expedientes judiciales que incluyen decenas de averiguaciones previas por delincuencia organizada se mantienen bajo llave en las oficinas de los juzgados especializados, a los que no puede acceder el público en general ni los litigantes, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los tribunales federales.

Por años, en la PGR ha existido la postura de que la filtración de información sobre averiguaciones previas y/o de causas penales, que llega a manos de los grupos criminales, provenía fundamentalmente de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal (PJF).

Al inicio de la creación de los siete juzgados de medidas cautelares, la relación entre la PGR y el PJF era óptima, sobre todo porque esos jueces solían no negarse a las peticiones de la Siedo en órdenes de cateo, intervención de llamadas telefónicas y arraigos.

Sin embargo, en el periodo final del sexenio de Felipe Calderón las relaciones entre el PJF y la PGR se hicieron más tensas ante las presiones ejercidas por la Siedo sobre los jueces especializados en cateo, arraigos e intervención de comunicaciones, que se negaron a conceder al Ministerio Público órdenes relacionadas con una investigación contra un juez federal por delincuencia organizada.