De enero a la fecha, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) 324 averiguaciones previas en las que se investiga la presunta violación de derechos humanos por 180 elementos del Ejército Mexicano; ahora corresponderá al Ministerio Público Federal determinar su presunta responsabilidad, señaló en entrevista con La Jornada el general brigadier y procurador castrense, Jesús Gabriel López Benítez.

Reveló que desde enero pasado la justicia militar también ha turnado 61 causas penales a tribunales civiles, en las que se ha ejercitado acción penal contra miembros de las fuerzas armadas por incurrir en violaciones a las garantías individuales.

Aseguró que los expedientes y procesos penales que se desahogaban en el ámbito castrense se turnaron a las autoridades civiles en respuesta a la orden del presidente Felipe Calderón del 7, 8 y 9 de diciembre de 2011, cuando anunció siete puntos para ser más eficaces en el respeto a los derechos humanos en la nueva etapa de su lucha contra la delincuencia, los cuales –dijo el mandatario– también acotarían el fuero militar.

Los señalamientos del Presidente de la República ocurrieron dos semanas después de que fue demandado ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el contexto de la guerra contra la delincuencia, y en ellos admitió que las fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos, inadmisibles, repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, pero no sistemáticas ni producto de una política institucional.

De allí que diera la orden de que todas las averiguaciones previas en curso y los procesos penales que estuviera desahogando la justicia militar, relacionados con casos de transgresión de garantías, fueran transferidos a la PGR y a los tribunales civiles.

A la fecha, en la justicia militar hay 106 elementos de las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México) que se encuentran bajo proceso y detenidos por violaciones a derechos humanos, quienes están recluidos en las prisiones militares de la ciudad de México; Zapopan, Jalisco, y Mazatlán, Sinaloa, indicó el procurador castrense.

Comentó que, en los hechos, la decisión de pasar al fuero ordinario los casos relacionados con la violación de derechos humanos se adelantó a la reciente decisión de la Corte de aprobar el criterio de que, en caso del fuero de guerra, no es competente para investigar delitos en que estén involucrados civiles, ni cuando se presuma violación a los derechos humanos.