A dos años de ocurrida la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontrados los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos, las autoridades del país siguen manteniendo una actitud omisa e ineficiente en la protección de dicho sector, lo cual ha propiciado nuevas desgracias, señalaron la Casa del Migrante de Saltillo y el Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

En un comunicado conjunto, lamentaron que a pesar de la atención recibida por dicha tragedia, hoy en día “acudimos a un escenario por demás desolador, en el que las ejecuciones de migrantes siguen ocurriendo sin que el gobierno mexicano muestre eficacia en el diseño de sus estrategias de combate al secuestro y la garantía de protección de quienes transitan por su territorio”.

Una muestra de ello –precisan– es que sólo en abril de 2011 fueron hallados 121 cuerpos de trabajadores extranjeros sin documentos, para un total de 173 cadáveres en 47 fosas clandestinas en el estado de Tamaulipas. De ellos, 93 fueron enviados a fosas comunes por la falta de investigaciones que definieran su identidad.

Lo mismo ocurrió con los 49 torsos encontrados en mayo del año en curso en Cadereyta, Nuevo León –supuestamente de migrantes, a decir del gobernador Rodrigo Medina–, a pesar de las solicitudes de diversas organizaciones independientes para que dichos restos no fueran enviados a la fosa común.

“La corrupción y la impunidad siguen siendo principios rectores en las investigaciones dirigidas por las procuradurías de Justicia, y las comisiones de derechos humanos –nacional y estatales– se han mostrado ineficientes, negligentes y desinteresadas en sus diligencias”, agregaron.