Aunque se consideran un avance las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia del fuero militar, ya que se atiende lo referente a las competencias de los casos, aún queda pendiente la definición acerca de si en los casos promovidos por familiares de las víctimas, ellos también serán considerados afectados, como ya ocurre en los acuerdos internacionales, sostuvo José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Luego de que el martes pasado la SCJN determinó que cualquier delito que cometa un militar, en el que no se afecten los bienes jurídicos o la disciplina castrense, debe ser conocido por un juez federal o del fuero común, Marroquín consideró que se han dado avances en estas resoluciones que tienen que ver con el fuero militar.

Indicó que la corte se ha mantenido a la altura de lo que ya había hecho anteriormente, como el caso Radilla, el de los campesinos ecologistas o el de Valentina Rosendo. Sin embargo, agregó en entrevista telefónica, hay un punto de preocupación, que es que todo lo que se ha resuelto hasta ahora tiene que ver con las competencias, si un caso le corresponde a autoridades civiles o militares, pero ahora empezarán a analizarse casos específicos de derechos humanos.

Ya tuvimos un caso en 2009 –refirió–, el de Reynalda Morales, familiar de Zenón Medina, asesinado en Sinaloa por militares. Este caso fue llevado por autoridades militares, se solicitó un amparo, la Corte dijo que no había interés jurídico de Morales. No le reconocía la calidad de víctima, únicamente a Zenón.