El próximo gobierno federal tendrá que reorientar las políticas públicas destinadas al sector agropecuario a fin de incorporar al crecimiento económico a 3 millones y medio de ejidatarios y a 12 millones de indígenas, además de abatir la dependencia alimentaria que es de 42 por ciento, consideró Marco Antonio Ortiz Salas, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coducs).

El dirigente campesino señaló que también se tiene que frenar la siembra de transgénicos y evitar que la demanda de agua genere en un futuro disputas por el líquido. Al respecto, comentó que junto con diputados federales propondrán 12 puntos relevantes en materia de desarrollo sustentable a la próxima legislatura.

En el transcurso de la semana, Ortiz Salas, junto con los diputados electos Rosendo Serrano Toledo, Sebastián de la Rosa Peláez y Pedro Porras Pérez, y el senador Fidel Demedesis anunciarán la creación de un bloque legislativo en favor de lo que denominaron modelo alternativo mediante el que pretenden impulsar políticas agroalimentarias, además de conseguir que las comisiones vinculadas con el medio rural sean presididas por la diputados federales de izquierda para concretar reformas en favor del campo y los productores.

Además, consideraron que entre los primeros cambios que tiene que hacer la próxima administración está la transformación de la actual Secretaría de Reforma Agraria en secretaría de desarrollo rural, atender el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y restructurar el Programa Especial Concurrente para el próximo año.

También debe ser impulsada una nueva ley para el campo y la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como del presupuesto para el campo en beneficio de los pequeños y medianos productores, además de hacer lugar a temas ambientales estratégicos sobre cambio climático y forestal durante los próximos seis años.

De acuerdo con el diputado federal electo por Oaxaca, Rosendo Serrano Toledo, se busca impulsar una iniciativa de ley reglamentaria para garantizar el derecho a la alimentación, la cual profundice en aspectos específicos de este derecho y establezca la forma de hacerlo en términos prácticos.