El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a adoptar los más altos estándares internacionales en derechos humanos en su resolución para la liberación del indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, encarcelado en agosto de 2007, por un delito que no cometió, y a quien se le ha seguido un proceso judicial plagado de irregularidades.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro Prodh planteó: Recordamos a la SCJN que cuenta con una posibilidad concreta de dar pasos firmes contra la discriminación estructural que viven las personas indígenas, con la resolución del caso de Sánchez Ramírez.

La organización defensora de los derechos humanos mencionó que en febrero el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (Comité CERD) recordó a México –al tomar como referencia el caso de Hugo– la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables.

Asimismo, señaló la necesidad de evitar falsos positivos en el combate a la inseguridad. Con esas prácticas, advirtió, se corre el riesgo de que, en un afán por producir resultados ante la demanda social de mayor seguridad pública, se victimice a gente inocente.

La asociación civil aseveró que las autoridades tienen obligación de dar todas las facilidades a los indígenas para un efectivo acceso a la justicia, en especial a contar con intérpretes de castellano a lenguas indígenas.

Sánchez, originario del estado de México, fue detenido por policías municipales en julio de 2007, mientras conducía el taxi de su familia. En el momento de la detención, los policías señalaron que procedieron a ello, porque tenía una actitud sospechosa.

Esa actitud sospechosa fue su filiación étnica y condición económica, elementos que lo hicieron vulnerable al ser detenido. Desde el Centro Prodh consideramos que los policías aplicaron un criterio arbitrario y discriminatorio contra Hugo, indica la organización.

A Sánchez lo acusaron de portación ilegal de armas y del secuestro de dos jóvenes. Respecto del proceso judicial, el Centro Prodh afirmó: “Estuvo plagado de irregularidades cometidas por las autoridades: detención arbitraria, incomunicación y tortura, utilización de fotografías obtenidas ilícitamente, presión sobre los acusados para ‘reconocer’ a Hugo y retractación ante el juez por parte de los agraviados, por citar algunas”.

El 8 de agosto de 2007, el indígena mazahua fue declarado culpable por el delito de secuestro y condenado a más de 37 años de prisión. La sentencia fue confirmada en apelación y a la fecha está encarcelado, y el caso está en espera en la SCJN, desde octubre de 2011.

El Centro Prodh indicó que en reiteradas ocasiones ha denunciado, cómo los problemas estructurales del sistema penal mexicano vulneran los derechos de sectores específicos de la sociedad; en el caso de las personas indígenas es especialmente grave, debido a la discriminación económica, política, social y cultural que ejercen los funcionarios del Estado mexicano.