Luego de más de dos años de litigio, la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó la extradición a Estados Unidos de Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, considerada importante operadora del cárteles mexicanos, como los de Sinaloa y Juárez, así como enlace de estos grupos con narcotraficantes colombianos.

La dependencia dio a conocer que este jueves se dio cumplimiento a la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de autorizar el envío para que a Ávila Beltrán se le juzgue por delitos contra la salud y asociación delictuosa, pues según una corte de Florida entre enero de 1999 y marzo de 2004, en sociedad con Juan Carlos López Correa y el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, la acusada formó parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba desde Colombia hasta Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por las autoridades mexicanas, las de Estados Unidos han documentado que La reina del Pacífico coordinaba, almacenaba y movía cargamentos de cocaína en México, para finalmente enviarlos a territorio estadunidense.

Ávila Beltrán permaneció recluida desde noviembre de 2007 –cuando fue detenida en la ciudad de México junto con su pareja, Juan Diego Espinoza Ramírez, El Tigre– en el penal femenil de Santa Martha Acatitla y luego fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, desde febrero de 2010.

Una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición ante jueces mexicanos y cuando la cancillería autorizó su traslado, ayer, en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, miembros de Interpol México entregaron a Ávila Beltrán a oficiales del US Marschals,y de esa manera fue puesta a disposición de autoridades de Estados Unidos.

En México, Ávila Beltrán fue señalada de haber participado en la organización para el traslado de 9.5 toneladas de cocaína de Colombia a México, en el buque Macel, el cual fue incautado en diciembre de 2001 frente a costas de Manzanillo, Colima; por esos hechos se le acusó de haber cometido los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, fue exonerada cuando un juez federal concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó plenamente esas acusaciones.