El juzgado tercero de distrito, con sede en Toluca, estado de México, analiza la posibilidad de trabajar en conjunto con la justicia militar en el proceso penal que se sigue a seis militares, cuatro de ellos generales, por su presunta vinculación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, toda vez que aunque ya aceptó la competencia para juzgarlos, las constancias entregadas por la Procuraduría General de la República (PGR) hacen mención a que los hechos que se les imputan fueron cometidos en el servicio activo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en el caso se tendrá que revisar en qué momento los generales Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional; Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez, así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández y el mayor Iván Reyna, cometieron los actos de que se les acusa, pues la justicia castrense podría tener competencia en algún cargo si se acredita que las imputaciones ocurrieron durante el ejercicio de sus funciones, situación que hasta el momento está en duda, pues uno de los testigos protegidos tuvo que cambiar de un año a otro la fecha en que supuestamente se reunió con uno de los acusados, para cuadrar la imputación.

Los funcionarios entrevistados señalaron que esta colaboración entre jueces civiles y militares tendría sentido si el impartidor de justicia federal estima que debe dar vista a la Procuraduría General de Justicia Militar, aunque en ese ámbito, mandos castrenses negaron que la Siedo hubiera informado de la supuesta vinculación de sus elementos con miembros del crimen organizado y por ello no existe ninguna indagatoria que busque sancionarlos en el fuero militar.

Los seis militares se encuentran sujetos a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, luego de permanecer bajo arraigo durante 80 días en instalaciones de la PGR.