Con su inacción, el Poder Judicial de la Federación envía un mensaje de impunidad sobre los delitos cometidos contra los periodistas y la libertad de expresión, advirtió Antonio Heras Sánchez, corresponsal de La Jornada en Baja California, quien gestionará un amparo federal contra la resolución de un juzgado de distrito que se declaró incompetente para resolver la denuncia por lesiones graves, producto de una golpiza que sufrió el 23 de febrero por un sujeto plenamente identificado y que estaría siendo protegido por la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE).

Pese a haber sido severamente golpeado, Heras logró hacer una llamada telefónica al número de emergencia 066 del gobierno estatal para denunciar los hechos y dar el número de placas de circulación del vehículo en el que viajaban sus agresores.

Aunque la procuraduría estatal, a cargo de Rommel Moreno Manjarrez, intentó ocultar dicha llamada de auxilio en la que identificaban el vehículo de los agresores. Fue hasta que la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California pidió la grabación al C-4 para integrarla al expediente que abrió por la agresión al periodista, y con ello comprobó que las autoridades estatales recibieron la denuncia pero no hicieron nada para acudir en auxilio del comunicador ni para detener a los implicados.

Evidente simulación institucional

Es muy lamentable la simulación institucional, pues sólo los periodistas asesinados o desaparecidos son considerados, al menos en el discurso y las cifras oficiales, pero se desdeña el seguimiento de agresiones y amenazas a reporteros, sostuvo el corresponsal, quien advirtió que la tendencia de los jueces federales es evitar los casos para su estudio de fondo y, en cambio, pretextar el ámbito de competencia.

Heras Sánchez responsabilizó al gobierno de Baja California y al Poder Judicial de la Federación de su integridad física e interpuso una denuncia ante la PGJE el 24 de febrero, un día después del ataque, la cual quedó asentada en el expediente NUC 0202-2012-07346.

Días más tarde y tras realizar una investigación periodística debido a la dilación de las autoridades para atender su caso, Heras presentó a la PGJE la identidad de uno de sus agresores, un hombre de 1.80 metros de estatura, quien labora en una compañía vendedora de seguros y que en fotografías exhibidas en su página de Facebook aparece con uniforme táctico, con un rifle R-15 calibre 9mm y una pistola escuadra, armas de cargo de la Policía Ministerial del Estado, corporación de la PGJE.

La documentación que identificó al atacante fue entregada a la fiscalía estatal, misma que no ha ejercido ninguna diligencia oficial al respecto. Incluso el procurador declaró a la prensa que de acuerdo con la mecánica de los hechos se trató de una riña, según hemos podido reconstruir por la declaración del imputado, afirmó en una clara tendencia de proteger al acusado.

Al permitir que la procuraduría estatal mantenga la historia que fue una riña y no una agresión por el quehacer periodístico, se sienta un precedente peligroso para los comunicadores, pues cualquiera puede ser agredido sin que haya castigo para los responsables, ya que todo se conducirá hacia un asunto de conflictos personales, agregó Heras.

El comunicador acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual atrajo las investigaciones, consignadas en el expediente 279/2012 por el delito de lesiones agravadas y las turnó al juzgado decimoquinto de distrito con sede en Mexicali, para que emita una sentencia.

Pero con la resolución de la juez decimoquinta de distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Mexicali, María Elizabeth Acevedo Gaxiola, el expediente regresa a la propia PGJE para ser consignado a un juez estatal, lo que deja al comunicador en un estado de indefensión y emite el mensaje de que habrá impunidad tanto en este como en futuros casos de agresiones a periodistas.