El Instituto Federal Electoral (IFE) se excedió en las consideraciones que forman parte del informe circunstanciado que remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como parte del expediente del juicio de inconformidad promovido por el Movimiento Progresista contra la elección presidencial, consideró el senador perredista Pablo Gómez.

En paralelo, agregó el legislador, el instituto es omiso en ejercer sus funciones de vigilancia del proceso electoral e iniciar procedimientos oficiosos ante violaciones evidentes.

Gómez Álvarez centró sus críticas en el informe circunstanciado del IFE, en especial sobre las descalificaciones a las pruebas aportadas por la coalición de izquierda en el caso Monex. Consideró que es evidente que se aportaron algunos elementos sobre la compra y coacción del voto que fueron indebidamente desestimados por el IFE en su informe, cuando esa es precisamente su obligación y tarea: investigar sobre las irregularidades denunciadas por los actores políticos.

Sólo defendemos nuestro trabajo

Sin embargo, para el consejero presidente del órgano electoral, Leonardo Valdés, en los planteamientos contenidos en el informe circunstanciado remitido al TEPJF, el instituto sólo defiende su trabajo como parte de los litigios que se han interpuesto y que han impugnado los resultados de la elección. Sus argumentaciones, reflexiones, su información es producto del análisis de las imputaciones que se hacen al trabajo de la institución y es una defensa del trabajo institucional, además de su informe, al que el IFE está obligado por ley cuando se impugna la elección presidencial.

En conferencia de prensa, Valdés expresó su extrañeza porque el informe circunstanciado se haya hecho público toda vez que, según dijo, al formar parte del expediente de la impugnación a las elecciones presidenciales está reservado por ley. Yo lo que quisiera saber es de dónde salió ese informe circunstanciado, porque nosotros lo entregamos al TEPJF. Estoy un poco sorprendido que se haya hecho público, me sorprende mucho.

–¿Habrá acciones legales por la filtración de este informe? –se le preguntó.

–Vamos a hacer el análisis jurídico correspondiente. No quisiera adelantar consideraciones, pero es mi obligación señalar que los documentos forman parte de un procedimiento jurisdiccional. Son reservados hasta que se resuelva este proceso. Incluso yo hago un llamado a los medios de comunicación a que sean cuidadosos respecto de este tipo de cuestiones.

El PRI se defiende solo

Valdés también se refirió a las críticas del PRD en contra del informe circunstanciado y que para la dirigencia perredista se trata en realidad de una defensa del PRI: No, no, por ningún motivo. El PRI se defiende solo. Los partidos se defienden por sí mismos, acotó. En su momento, cuando ya se pueda conocer el escrito de tercer interesado del PRI, verán las diferencias entre ambos escritos, dijo.

Por otra parte, en sus críticas al informe del IFE, Pablo Gómez sostuvo que el organismo sólo cuestiona la falta de pruebas, cuando en realidad hay una actitud errónea y omisa por parte de la autoridad que se equivoca al sólo encauzar la denuncia del caso de las tarjetas del Banco Monex y su relación con el financiamiento de la estructura del PRI por la vía de la Unidad de Fiscalización.

Es el IFE el que tiene las facultades de investigación y no el TEPJF, por lo que es la instancia que debiera realizar esas indagatorias por mandato de ley, dijo.

Si el instituto conoce de una denuncia sobre compra y coacción del voto, no sólo debe indagarlo por el uso de recursos –y sus implicaciones en el financiamiento de un partido–, porque al final de cuentas es claro que esta práctica es un delito –cuya investigación es competencia de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade)–, pero también es una violación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde sí le compete al IFE actuar.

A juicio del legislador, el IFE debió iniciar un procedimiento sancionador para investigar por otra vía este tipo de prácticas, pero en esto sí ha sido omiso, pues no necesita queja para investigarlo. Subrayó que al organismo electoral le falta voluntad política para realizar las investigaciones que debe realizar o más bien el IFE no quiere ver las cosas que tiene que ver, no quiere trabajar las cosas en las que debe trabajar.

¿Fepade? Un fantasma

Por eso, agregó Gómez Álvarez, cuando se descalifica a quienes cuestionamos el comportamiento de los titulares de las instituciones, preocupados por el desprestigio de las mismas, deberían estar más preocupados porque esos funcionarios realmente realicen sus tareas, algo que no han hecho ni el IFE, ni el TEPJF, ni mucho menos la Fepade, que es una institución inexistente; es como hablar de un fantasma y mejor no lo invocamos.

La visión de Valdés es diversa, entendiendo que los partidos y coaliciones tienen derecho a hacer sus alegatos, pero por supuesto que también el IFE tiene derecho a defender el trabajo que esta institución realiza para que nuestra democracia siga avanzando, para que las elecciones sean auténticas, para que los ciudadanos tengan confianza de que su voto se recibe y se cuenta con honestidad.