La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que Monex, el banco acusado de triangular recursos de manera ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto, tiene una visita de inspección pendiente la cual se realizará en el tercer trimestre de este año.

Carlos López Moctezuma, director de proyectos especiales y vocero de la comisión, indicó que desde hace un año la CNVB hizo una visita in situ a ese intermediario financiero, pero la siguiente se hará en el periodo julio-septiembre. Sin embargo, informó que la CNBV recibe mensualmente informes de todos los intermediarios financieros sobre operaciones inusuales que son remitidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Reiteró que es la UIF (dependiente directa de la oficina del secretario de Hacienda, José Antonio Meade) la que determina si hubo presunción de operaciones susceptibles de lavado de dinero en Monex.

En tanto, la Red de Usuarios de Servicios Financieros advirtió que el reciente reconocimiento que hizo el PRI ante la Procuraduría General de la República (PGR), de que contrató tarjetas de prepago a través de Alinko Servicios y Calidad, distrae del objetivo principal, que debe ser el de conocer la existencia de una estructura paralela de financiamiento que desarrollaron el PRI y el Partido Verde Ecologista con grandes cantidades de recursos, cuyo origen es necesario aclarar, porque ponen en riesgo la certidumbre y equidad de la elección.

Consideró que las cifras de Monex, su desempeño y crecimiento, sugieren que es una empresa privilegiada. Además de ser líder en el mercado de compra-venta de divisas, desde 2009 forma parte del oligopolio que controla el mercado de tarjetas de prepago y vales de consumo.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la asociación de deudores de la banca El Barzón, recordó que aun cuando Monex asegura que cumple las disposiciones contra lavado de dinero, un recuento muestra que no siempre lo ha logrado.

En 2003 se acusó a operadores financieros de los Arellano Félix de lavar 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002 vendiéndoselos a Monex Divisas. Posteriormente, en 2006 un grupo de colombianos utilizó esa institución, junto con otras casas de cambio, para transferir el producto de la venta de cocaína en Europa.

En 2007, en el caso Zhenli Ye Gon se mencionó a Monex entre las instituciones en las que lavó dinero por la venta de seudoefedrina. En marzo de 2008, autoridades españolas informaron de transferencias de los Beltrán Leyva por 78 millones de euros a través de Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas, así como por Intercam Casa de Cambio.

Finalmente, en este año se le mencionó en la investigación en contra de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

El negocio de Prestaciones Universales ha sido mencionado directamente como la empresa de Monex que se utilizó para dispersar recursos de procedencia desconocida en favor del PRI. Llama la atención que esa operación, que se ha comprobado sirvió para distribuir dinero para operaciones políticas, no esté dentro de las instituciones que reportó el PRI al IFE, como parte de la fiscalización que se debe hacer de los recursos de los partidos.

Todo indica que fue una operación de grandes dimensiones, con pruebas en un gran número de entidades, en las que tarjetas de Prestaciones Universales de Monex fueron distribuidas masivamente para inducir el voto del primero de julio en favor de Peña Nieto, en la que se manejaron cifras que comienzan con un desvío de recursos por 56 millones de dólares, de acuerdo con una denuncia de un empresario estadunidense de origen mexicano; a eso se agrega una cuenta en Monex, por 70 millones de pesos, que se descubrió a partir de una denuncia del PAN y, finalmente, están las facturas de Monex por 240 millones de pesos que presentó el PRD por la venta de tarjetas de prepago presuntamente utilizadas en apoyo a Peña Nieto.

El Barzón y la Red de Usuarios de Servicios Financieros exigieron a las autoridades de Hacienda, en cuyo sector se encuentran el Servicio de Administración Tributaria, la CNBV y la UIF, entidad responsable de la investigación contra el lavado de dinero, investiguen y apliquen las sanciones correspondientes a las operaciones con recursos de procedencia presuntamente ilícita.

También exigimos a la Secretaría de la Función Pública que vigile la administración de los recursos públicos e informe a la sociedad del resultado.

Ramírez Cuéllar aseguró que las operaciones con doble contabilidad del PRI llevan a suponer la existencia de un financiamiento ilícito, ya sea por desvío de recursos públicos o por el uso de dinero de actividades vinculadas a grupos delictivos, lo que provocaría la pérdida total de legitimidad del candidato priísta.