La coalición Compromiso por México solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como tercero interesado en el juicio de inconformidad contra la elección presidencial, promovido por Movimiento Progresista (MP), declarar la validez de la elección y se expida la constancia de presidente electo porque el proceso se realizó bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.

A su juicio, anular la elección como pide el Movimiento Progresista redundaría en agravio a la voluntad expresada a través del sufragio de los ciudadanos mexicanos.

En un expediente de 600 cuartillas, PRI y PVEM acusan a los partidos del Movimiento Progresista de partir de premisas falsas, indebidas apreciaciones de los hechos, equivocadas interpretaciones de preceptos legales aplicables, lo cual pretende dar soporte a sus impertinentes pretensiones, además de que omite vincular, o lo hace de manera desacertada, los supuestos agravios con las pruebas aportadas, las que en todo caso no son aptas para demostrar los hechos afirmados.

Más adelante señala que la coalición inconforme construye endebles argumentos para soportar las irregularidades que dice ocurrieron en la elección.

En sus argumentaciones, el PRI reinvindica la actuación del IFE para la organización de los comicios; el desahogo de las quejas relacionadas con fiscalización y otros procesos especiales sancionadores.

De igual forma pone énfasis en los resultados de cómputos distritales, conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, subrayando la enorme cantidad de paquetes electorales que supuso la realización de los cómputos distritales sin grandes variaciones.

En cuanto a la compra y coacción del voto, la coalición reconoce la actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que abrió 585 averiguaciones previas y ya emitió 58 sentencias vinculadas a esta práctica.

Sin embargo, el PRI dice que en todos los casos se encuentra sub judice, y donde hay averiguaciones previas. En esos casos, precisa que no bastan los dichos de la parte acusadora para que se configure el delito y por tanto de los elementos que tiene la autoridad no se puede desprender que las denuncias de estas prácticas hayan impactado sustancialmente en el proceso electoral.

La coalición alude también a las denuncias sobre triangulaciones financieras que habrían beneficiado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, entre ellas, la presunta operación fraudulenta de 56 millones de dólares a través de la empresa Frontera de Television Network.

Subraya que las imputaciones son falsas porque se trata de un acto de extorsión y asevera que no mantiene vínculos jurídicos comerciales con empresas en el extranjero.

En su escrito, Compromiso por México solicita al TEPJF sean desestimadas las pruebas aportadas por la izquierda, toda vez que en mayor parte resultan apócrifas y pretenden comprobar hechos sin fundamentos. La adjudicación de una supuesta campaña publicitaria en el extranjero, además de resultar ilógica, nada informa sobre la verdadera relación entre los potenciales contratantes y el PRI.

Más adelante, la coalición PRI-PVEM asegura que a partir de toda esta historia no se puede desprender que la denuncia de las presuntas irregularidades de 56 millones de dólares se hubieran destinado recursos para la compra de votos en el contexto del actual proceso electoral federal, o que derivado de ello hubiesen erogado recursos en la campaña electoral del candidato presidencial, excediendo el tope de campaña fijado por el IFE.

En cuanto a la denuncias relacionadas con las tarjetas Soriana, el PRI igualmente solicita al TEPJF sean consideradas infundadas, puesto que no existe ninguna relación jurídico-comercial entre la coalición y la empresa denominada Soriana.