El pleno del Senado condenó ayer el atentado que sufrió el pasado viernes Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y demandó al Ejecutivo federal realizar una amplia investigación para esclarecer y sancionar a los responsables de la agresión en contra de la defensora de derechos humanos.

Asimismo solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que con urgencia implementen las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de Andrade, sus familiares y demás miembros de la organización.

La senadora Ludivina Menchaca, del Partido Verde Ecologista, presentó el punto de acuerdo y pidió que se discutiera como de urgente resolución. Refirió en tribuna que Norma Andrade fundó en 2001 la organización citada, en Ciudad Juárez, luego de que su hija Lilia Alejandra fue secuestrada en febrero de ese año y sometida por desconocidos a torturas sexuales durante cinco días para luego ser asesinada.

La senadora precisó que durante la última década Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha documentado cientos de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, donde el fenómeno del feminicidio viene siendo denunciado al menos desde 1993”.

La legisladora acusó que el atentado contra la defensora da cuenta de que el Estado mexicano ha fallado en la obligación de brindar justicia y protección a los familiares de las víctimas de crímenes que denotan un gran desprecio y exacerbado odio contra las mujeres.

Indicó que el Estado también ha fallado en brindar las medidas de protección necesarias para los defensores y defensoras de derechos humanos. El atentado contra Norma Andrade no es un hecho aislado; nos hace recordar que en los pasados dos años cinco activistas en Chihuahua han sido asesinados por el crimen organizado y otros 12 han abandonado el país por la persecución y amenaza de que son objeto. Incluso la propia Andrade anunció que se va del país para protegerse.

Desde la tribuna Ludivina Menchaca señaló: “Recordamos con indignación la muerte de Susana Chávez, creadora del lema ‘Ni una más’, para protestar contra los homicidios de mujeres en esa ciudad fronteriza, y fue violada, asesinada y mutilada el 11 de enero de 2011; así como el asesinato de Marisela Escobedo, perpetrado frente al palacio de gobierno de Chihuahua, donde exigía justicia en el caso del homicidio de su hija”.

La legisladora del PVEM cuestionó: ¿cuál ha sido la respuesta que el Estado ha brindado a los familiares de estas mujeres? ¿Qué hemos hecho para garantizar la seguridad de las víctimas y de sus familiares? Muchos de ellos han tenido que abandonar el país solicitando asilo debido a las amenazas de muerte en su contra.

También, preguntó: ¿qué hizo el Estado mexicano cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó proteger a Norma Andrade tras el ataque que sufrió en Ciudad Juárez el año pasado.

El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad y se turnó al Ejecutivo federal y al jefe de gobierno capitalino.