El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Constitución, con objeto de crear el sistema nacional de fiscalización, al modificar las fechas, los métodos y la forma de entrega de la cuenta pública; una nueva política en materia de auditorías; abrir la puerta a nuevas revisiones y evaluaciones preliminares a los informes de gasto presentados por el gobierno federal, y, sobre todo, permitir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar los esquemas de inversión de coparticipación público-privada.

El sistema nacional de fiscalización implicaría una nueva coordinación de acciones de todos los órganos encargados de realizar labores de revisión en el país, con el propósito de generar mejores condiciones en los alcances del análisis de las cuentas proporcionadas por los tres niveles de gobierno –del manejo de los recursos públicos– y así evitar duplicidades y omisiones.

De aceptarse en el pleno dicha propuesta, se alcanzaría un efectivo intercambio de información y la homologación a la hora de planear, ejecutar y reportar auditorías.

Se advierte que la fiscalización no debe limitarse sólo a verificar el contenido de los programas a cargo de las entidades auditadas, para que cumplan con los objetivos señalados en los planes y programas correspondientes de gobierno. Es necesario revisar el cumplimiento de los objetivos y, por añadidura, de las metas. La revisión de éstas permite identificar aspectos más puntuales y realizar análisis más completos en aras de entregar a la población información verídica y concreta de cómo los tres órganos de gobierno manejan los recursos públicos.

La iniciativa cambiaría la naturaleza de operación de la ASF, porque hasta ahora su actuación se limita a la mera emisión de recomendaciones para la mejora en el desempeño de los programas, lo cual implica duplicar funciones, y desaprovecha la posibilidad de que el organismo pueda alcanzar mejores resultados en su labor fiscalizadora. Por tal razón, se pretende facultarla para emitir recomendaciones y acciones que procedan conforme a las disposiciones legales en el castigo de malversación de los bienes públicos.

La iniciativa considera necesario otorgar facultades nuevas al ente fiscalizador para realizar revisiones preliminares y solicitar a las entidades fiscalizadas la información que considere pertinente del ejercicio de análisis.