La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a su reglamento de transferencia para elegir por dedazo de la Junta de Coordinación Política a los tres consejeros que resolverán sobre las impugnaciones a solicitudes de información pública, quienes, a su vez, tendrán carácter de honorarios, podrán contar con otro empleo y aunque no tendrán salario, se les retribuirá con la modalidad de pago por evento, esto es, por el número de expedientes que resuelvan.

Casi tres años después de que se aprobó el reglamento que disponía el nombramiento de los consejeros a más tardar un mes después de su entrada en vigor –en abril de 2009–, el pleno acordó que por única vez no se hará una convocatoria pública y que los coordinadores parlamentarios presenten una terna para ser votada en alguna de las sesiones ordinarias.

La reforma incluye también la obligación de la Cámara de publicar semestralmente un reporte del ejercicio de su presupuesto –desglosado por partidas y montos–, para dejar atrás la opacidad en el manejo de los recursos, principalmente de los que están a cargo de los coordinadores, que sólo están obligados a firmar un documento para justificar el ejercicio del dinero.

Todas las bancadas aprobaron la reforma, aunque diputados de PRD y PT acotaron que la designación unilateral de la Junta de Coordinación Política, sin convocatoria, podría no conceder autonomía a los consejeros, que estarían cinco años en el cargo.

Al presentar el alcance de dicha reforma, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Felipe Solís Acero, explicó que la Cámara estará obligada a constituir el órgano rector del consejo de transparencia, que será integrado por los coordinadores parlamentarios.

Hasta el momento –dijo–, dicho órgano no opera debido a que la controversia generada por el salario que pretendía otorgarse a los consejeros impidió su nombramiento.

Esta circunstancia y el hecho de que no se resuelven más de cinco o seis casos de controversia al año, ha motivado que la Junta de Coordinación no ha presentado la propuesta para integrar el consejo de transparencia, dijo.

“Con la fórmula de pago por evento –por expediente resuelto– se permitirá que los coordinadores puedan en breve presentar, por única vez, la propuesta para integrar la terna”, indicó.

No obstante, el diputado perredista José Luis Jaime Correa acotó que al no asignarse un salario a los consejeros y permitirles que tengan otro empleo, pueden surgir conductas impropias al respecto, sobre todo porque un órgano que tiene que dar cuenta de la transparencia deberá contar con toda la legitimidad, autonomía y el perfil adecuado de los consejeros.