Para el ex diputado local, Tomás Pliego, la alteración de más de 40 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), que fue publicada en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, implica un fraude legislativo que podría derivar en sanciones administrativas y penales.

En entrevista, Tomás Pliego, quien promovió esa iniciativa de ley en 2009, aseguró que tanto la Asamblea Legislativa (ALDF) como la Consejería Jurídica del gobierno de la ciudad deberán iniciar de inmediato las investigaciones para deslindar responsabilidades.

El pasado viernes, La Jornada demostró cómo la Ley Orgánica del TCADF publicada en la citada Gaceta Oficial el 10 de septiembre de 2009, había sido alterada respecto al dictamen que aprobaron en el pleno de la Asamblea Legislativa los diputados locales el 20 de agosto de ese mismo año, ya sea eliminando artículos, agregando párrafos, o modificando fechas y montos de multas a aplicar.

De hecho, el punto más grave fue que se borró totalmente del documento publicado la parte relativa a los procesos que se deberían iniciar ante la Contraloría en contra de aquellos servidores públicos que incumplieran una sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso –que es el órgano que dirime las controversias entre las autoridades y los capitalinos–, pues la mayoría de sus resoluciones son en favor de los habitantes de esta ciudad.

“Cuando empezamos a hacer una revisión minuciosa de la ley publicada y la que nosotros aprobamos en agosto de 2009 –dijo Tomas Pliego– nos dimos cuenta de que se habían alterado varios artículos, lo que constituye un hecho grave.”

Incluso, hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, y a la titular de la Consejería Jurídica, Leticia Bonifaz, para que presenten una queja ante la Contraloría General del DF por esas alteraciones y se pueda ir a fondo y saber quién o quiénes modificaron lo votado por los legisladores.

Recordó que cuando en 2009 los integrantes de la IV Legislatura comenzaron a trabajar en las reformas a la Ley Orgánica del TCADF, lo hicieron de manera conjunta con autoridades capitalinas e incluso representantes de dicho tribunal. Bien me acuerdo que el enlace que teníamos los diputados con el Tribunal de lo Contencioso era el magistrado de la sala superior, Raúl Armida Reyes, quien el pasado 2 de enero dejó la presidencia de este órgano, por lo que es necesario que ahora dé una explicación de qué fue lo que pasó con esa ley, remarcó Pliego.

El ex diputado, señaló que Barrales debería remover temporalmente de su cargo al coordinador de Servicios Parlamentarios de la ALDF, Angelo Cerda Ponce, en tanto se realiza la investigación y se precisa quiénes fueron los responsables de esas modificaciones.