Madrid, 19 de diciembre. En su discurso de investidura, el conservador Mariano Rajoy vaticinó profundas reformas para enderezar la maltrecha situación económica de España, que a su juicio están avaladas por la contundencia de los resultados electorales en los comicios del pasado 20 de noviembre, en los que el derechista Partido Popular (PP) obtuvo mayoría absoluta.

El futuro presidente del gobierno español centró su primera intervención ante el Parlamento en la urgencia de crear empleo y recuperar la senda de crecimiento económico; no mencionó el histórico conflicto vasco ni a la organización vasca ETA, que el pasado 20 de octubre decretó el cese definitivo de la violencia.

El Parlamento celebró la primera sesión de la nueva legislatura conformada por 186 escaños del PP; 110 del ahora opositor Partido Socialista Obrero Español, y el resto –hasta sumar 350– divididos en fuerzas minoritarias, entre ellas Izquierda Unida (IU, comunistas y republicanos), Convergencia i Unió (CiU), la izquierda abertzale (nacionalista) vasca de Amaiur, con siete diputados, y otras fuerzas nacionalistas como Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Esquerra Republicana de Cataluña.

En su primera intervención como presidente electo, el líder de la derecha española no precisó grandes detalles sobre el viraje en la política económica que prometió en campaña ni en otros asuntos que centraron buena parte de sus actos electorales.

A cambio, Rajoy invitó a todas las fuerzas parlamentarias a unirse en su lucha por sacar al país de la crisis y afrontar las reformas necesarias para las próximas décadas. Todo esto avalado en la contundencia de los resultados y en la holgada mayoría absoluta, para transformar a España, un país, en el que cada día que pasa se destruyen miles de empleos, según explicó.

El único gesto positivo con los más desfavorecidos fue la confirmación de que subiría las pensiones contributivas a partir del primero de enero próximo, que estaban congeladas por el presidente saliente, José Luis Rodríguez Zapatero y que afectaban a unos cinco millones de personas.

El futuro mandatario español se comprometió a abrir un diálogo con todas las fuerzas parlamentarias, a pesar de que en los primeros días de la nueva legislatura la derecha española impidió con justificaciones legales que Amaiur forme un grupo parlamentario y de hecho les negó han el reconocimiento de interlocutores, al rechazar cualquier tipo de encuentro con los siete diputados vascos.