Senadores de PRI y PT advirtieron este jueves que no avalarán ninguna reforma que criminalice la protesta social.

El priísta Francisco Arroyo Vieyra dijo que tratándose de nuevos tipos penales, los legisladores deben actuar con sumo cuidado, porque no queremos regresar a aquella época en que mediante el delito de disolución social se metía en la cárcel a inocentes, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. Cuando se trata de cambios al Código Penal hay que tener la mano temblorosa para que la ley tenga un contenido ético y no vulnere derechos.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT, lamentó que el PAN se preste a recibir propuestas del Ejecutivo que vulneran derechos humanos y dijo que es preocupante que el gobierno insista en intentar equiparar movimientos y protestas sociales con actos de terrorismo.

El senador petista resaltó que si ya se evidenció y se confesó que no es autoría de los legisladores ese capítulo de financiamiento al terrorismo, que se introdujo en el dictamen de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, debemos preguntar al Ejecutivo federal si es una decisión, convenio o imposición del gobierno estadunidense con el propósito de proteger a sus agentes en México.

Consideró grave que esto haya pasado; nunca en la historia, la Constitución y las leyes se habían visto tan presionadas para ser modificadas e intentar introducir este tipo de figuras jurídicas que lastiman la dignidad y los derechos humanos.

Monreal aseveró que la autoridad se ha visto tentada, sobre todo cuando proviene de la derecha y de regímenes autoritarios de extrema derecha, a hacer modificaciones que intentan coartar las protestas sociales legítimas de la población y amenazan sus derechos y sus garantías.

El capítulo que introdujo la consejería jurídica de la Presidencia en la miscelánea penal en materia de lavado de dinero no va a pasar y acudiríamos a todas las instancias internacionales en caso de que se impongan mayorías artificiales.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, sostuvo que debido a la preocupación de los senadores se integrará un grupo plural para analizar la propuesta y rechazó que el texto elaborado con propuestas de la consejería jurídica de la Presidencia propicie que se equiparen los movimientos sociales con actos terroristas.

Destacó que en el artículo 139 se incluye una serie de requisitos para configurar un delito de terrorismo. No sólo es que presionen a las autoridades o particulares, sino que tendrían que usar sustancias tóxicas, explosivos y armas de fuego. Esta discusión se dio en 2007. Si utilizan explosivos o armas, ya no es movimiento social, es otra cosa.