La propuesta de endurecer los tipos penales sobre terrorismo y ligarlos a la protesta social mediante definiciones ambiguas, demuestra que el gobierno de Felipe Calderón sigue intentando afinar la estructura jurídica que le permita configurar un Estado represor donde se criminalice cualquier manifestación de descontento, advirtieron activistas de derechos humanos.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que esos cambios legales ya se incluyeron en el código penal de varias entidades, como el estado de México, donde se usaron para justificar la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco en mayo de 2006.

Así, la retención de funcionarios en el contexto de una negociación, por ejemplo, es penada incluso con más severidad que un secuestro por motivos económicos, y no tiene atenuantes.

Con el intento de modificar de manera velada parte de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el gobierno manifiesta su vocación de favorecer los intereses de determinados grupos que tienen una capacidad fuerte de decisión, indicó.

Tratar de equiparar la protesta social con el terrorismo es un despropósito y no tiene sustento. El gobierno quiere aterrorizar a los ciudadanos, quienes en el marco de la democracia tienen derecho de posicionarse y buscar atención a sus demandas.

En tanto, Melanie Salgado, responsable de comunicación del Comité Cerezo México, subrayó que el gobierno federal sigue empeñado en afinar una estrategia jurídica hacia la configuración de un Estado terrorista, con términos y figuras intencionadamente laxas, como la de presionar a una autoridad o a un particular para adoptar una determinación.

Al ser ambiguos, esos delitos quedan sujetos a la interpretación de las autoridades, lo cual atenta contra el derecho de los pueblos a defenderse cuando aquellas violan sus garantías, como señala el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Consideró que “antes de terminar su periodo, Calderón quiere dejar esa estructura a como dé lugar. Cuando dice que va a ir tras las personas que lo demandaron ante la Corte Penal Internacional y los llama calumniadores, es claro que estas leyes se dirigen a atacar la protesta social”.