El Senado demandó al gobierno federal remitir a esa cámara, en caso de que existan, los protocolos establecidos por el Ejército y la Policía Federal (PF) para la protección de los ciudadanos que viven en zonas de alto riesgo y son alcanzados por operativos militares o policiacos en contra del crimen organizado.

En tribuna, el perredista Tomás Torres advirtió que en aras de frenar la violencia y la inseguridad, las autoridades han hecho caso omiso de la seguridad de la población civil cuando las fuerzas armadas o la policía se enfrentan con las bandas delincuenciales, lo que ha provocado ya miles de muertos y desaparecidos.

El perredista, uno de los autores de la propuesta aprobada ayer por el pleno, explicó que los protocolos de seguridad son importantes, sobre todo en zonas de alto riesgo, a fin de que la población sepa qué hacer ante una revisión en un retén militar o durante una refriega y no se siga dando muerte a inocentes.

En el dictamen se citan varios ejemplos en que se ha se puesto en riesgo a la población civil, entre ellos el operativo del 5 de noviembre del 2010 en Matamoros, en el que las fuerzas armadas abatieron al presunto líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén, apodado Tony Tormenta, y en el que, según datos oficiales, perdieron la vida un marino, un soldado y el periodista Carlos Alberto Guajardo. Además, los habitantes de ese municipio quedaron atrapados en el enfrentamiento, en que fueron detonadas 300 granadas.

“Si han de repetirse operativos prolongados, con uso intensivo de armamento de alto poder, y por tanto de alto impacto, es recomendable iniciar lo más pronto posible un proceso de orientación y preparación para la ciudadanía”.

Se recalca que se podrían retomar los manuales o protocolos de las fuerzas armadas –donde permanentemente capacitan a los militares para llevar a cabo operativos de alta peligrosidad– para elaborar instructivos dirigidos a la población que vive en zonas de confrontación entre fuerzas federales y delincuencia organizada.

El senador Torres expuso asimismo que el problema de fondo es regular el uso legítimo de la fuerza, y recordó que hay ya iniciativas en la materia, toda vez que es la mejor forma de garantizar la integridad física de la población y acabar con los llamados daños colaterales, que destrozan y rompen el concepto de vida y de familia.

Al respecto, el ex perredista René Arce dijo que la aprobación ayer de ese punto de acuerdo es un paso pequeño, ya que se requiere legislar tanto en el uso de la fuerza policiaca como en materia de fuero militar.

Sobre todo, recalcó, porque a cinco años de que el presidente Calderón decidió utilizar al Ejército en el combate al crimen organizado, las cifras de muertos y desaparecido son alarmantes y a futuro el titular del Ejecutivo puede ser sometido a juicio, tanto en el país como en tribunales internacionales, al igual que los altos mandos militares.