Por constituir un atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores, se promoverá un amparo procesal contra los criterios emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA) que modifican los procesos para emplazamientos a huelga, registro de sindicatos, entrega de tomas de nota, recuentos y otros procesos.

Además, se presentará una denuncia para fincar juicios de responsabilidad a los funcionarios de la junta que promovieron estos cambios, porque son ilegales, informaron en conferencia de prensa abogados laboralistas de diversas corrientes, como Néstor de Buen, Héctor Barba, Alfonso Bouzas, Arturo Alcalde, Benedicto Martínez, Patricia Juan Pineda, Rodrigo Olvera y Beatriz Luján, entre muchos otros.

De igual forma –dijeron–, se presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otra ante instancias internacionales, por estos hechos.

Lucha legal y movilización

Acordaron empezar una lucha legal y de movilización nacional y mundial contra los criterios aplicados por esta junta, los cuales –señalaron– están peor que la reforma laboral, porque restringen de facto los derechos de huelga, de libre asociación y la creación de nuevos sindicatos.

Indicaron que con dichos criterios de la JLCA, se pone al Gobierno del Distrito Federal a la derecha de la derecha y le hace el favor a Javier Lozano (secretario del Trabajo) de aplicar cambios legales para restringir la libertad sindical, pasando por alto al Legislativo, que es el único que puede modificar la normatividad laboral.

Presente en la conferencia, en la que se dieron a conocer estas acciones, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Benito Mirón, dijo que el jefe del Gobierno capitalino no conocía estos cambios normativos. Desechó el cuestionamiento de que fueron chamaqueados por el presidente de la JLCA y dijo que se revisarán todos los planteamientos de los abogados, y que en lo que a él respecta, velará por la buena administración de la justicia laboral.

Arturo Alcalde indicó que al dictar normas que obstaculizan derechos fundamentales, como el de huelga, hacen casi imposible el registro de nuevos sindicatos o el cambio de titularidad contractual, entre muchos otros, se está cumpliendo el viejo sueño de los abogados empresariales, y cuestionó: ¿quién ordenó estos cambios, que son un retroceso absoluto para los derechos de los trabajadores y benefician en todo a la parte patronal?

Por su parte, De Buen indicó que al establecer estos nuevos criterios, la JLCA está restringiendo más la actuación de los sindicatos democráticos, que se creen nuevos gremios legítimos, y alienta los contratos de protección. Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, hizo ver que con dichas disposiciones se violan diversos convenios internacionales, por lo que planteó llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Héctor Barba señaló una serie de inconsistencias y de verdadero desconocimiento del derecho laboral que manifiesta la presidencia de la JLCA al imponer requisitos, por ejemplo, para el registro de sindicatos, que simplemente no están contemplados en la ley, lo que hace sólo para dificultar o entorpecer estos procesos.

En tanto, Humberto Fernández Arras cuestionó si el jefe de Gobierno capitalino no conocía de estos cambios y por qué se permite al presidente de la junta estar por encima de la ley, en lo que coincidió Rodrigo Olvera.

Alfonso Bouzas fue el encargado de dar a conocer las acciones legales que se presentarán contra estas disposiciones de la junta, para establecer nuevos criterios legales, entre ellos el amparo procesal que interpondrán diversos grupos de abogados. A su vez, Enrique Favela, secretario de relaciones del sindicato de telefonistas, planteó que el dirigente de este gremio, Francisco Hernández Juárez, propone presentar un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar al gobierno del Distrito Federal a que se derogue esta imposición de la JLCA.

Además, las abogadas Patricia Juan Pineda y Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo, plantearon que se demande a los servidores públicos que incentivaron estas acciones en la JLCA, ya que contravinieron la Constitución en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores y de facto aplicaron en chiquito la reforma laboral no aprobada.