Amnistía Internacional (AI) solicitó a las autoridades mexicanas que se revisen los casos de prisioneros y en huelga de hambre en el penal de San Cristóbal de las Casas, pues existe evidencia de que sus juicios y condenas fueron irregulares. En particular, expresó su preocupación por el traslado del profesor Alberto Patishtán a una prisión federal de Sinaloa.

Señaló que la medida pudo ser en represalia por su participación en el ayuno que inició el 29 de septiembre junto con otros reos para protestar por el hostigamiento de las autoridades penitenciarias. También denuncian que les han negado la visita de familiares y amigos.

Además, desde el pasado 8 de octubre, parientes de los internos en huelga de hambre están en plantón permanente en la Plaza Catedral.

En el exhorto que ayer emitió AI, solicitó la revisión completa de los procedimientos seguidos contra los inconformes, así como de las denuncias que presentaron por malos tratos y tortura. De hecho, el organismo internacional asume que los juicios contra los detenidos pudieron haber sido injustos y las condenas infundadas.

Indicó AI que los procesos judiciales de los indígenas en huelga de hambre deben repetirse, de acuerdo con los estándares internacionales sobre juicios justos, o deben ser puestos en libertad.

AI también hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a respetar el derecho de los reclusos a realizar la huelga de hambre y a proveerles adecuada atención médica, así como a no recurrir a la alimentación forzada.

La organización fue más allá al señalar que tratar de alimentar a los ayunantes en contra de su voluntad es injustificado, pues están en pleno uso de sus capacidades mentales, especialmente si es llevada a cabo sin adecuada supervisión de un especialista, antes que exista una razón médica fundamentada o se realice de forma cruel.

Otra preocupación expresada por AI tiene que ver con amenazas e intimidaciones de las autoridades para que la protesta termine. En particular, se refirió a la situación de Rosa López Díaz, también en huelga de hambre en el penal, quien ha sido amenazada con ser separada de forma permanente de su pequeño hijo.

En tanto, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pidió a la Secretaría de Seguridad Pública federal realizar las acciones necesarias para que Patishtán sea regresado al penal ubicado en San Cristóbal de las Casas, ya que su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número ocho, con sede en Guasave, Sinaloa, constituye una violación a sus derechos humanos.

En un comunicado, el CEDH afirmó que el traslado del indígena evidencia la violación del artículo 69 de la ley federal de ejecución de sanciones penales, el cual refiere que para los traslados de los internos se deberá tomar en cuenta el imperativo constitucional de protección a la organización y desarrollo de la familia.

Añadió que dicho principio se violenta, pues Patishtán es de la etnia tzotzil y al alejarlo se le niega su integración personal, familiar y comunitaria.

Con información de Elio Henríquez, corresponsal