El traslado del profesor Alberto Patishtán Gómez, de la cárcel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a un penal federal en el norte del país, es un claro castigo para desarticular el movimiento de los presos en huelga de hambre y de sus familiares, violando el derecho a las libertades de reunión, manifestación y expresión, así como los derechos de las personas privadas de su libertad consagrados en varios instrumentos internacionales, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) al emitir una acción urgente contra esta medida.

El profesor tzotzil fue trasladado presumiblemente al Centro Federal de Readaptación Social número ocho de Guasave, Sinaloa.

Autoridades de Chiapas informaron al Frayba que la acción fue realizada por autoridades federales, quienes trasladaron a unos 49 internos (41 hombres y ocho mujeres) a varias cárceles del país. Éstos cumplen condenas mayores a 20 años por delitos del fuero federal. Hasta el momento las autoridades federales y estatales no han dado una explicación fundada y motivada del traslado, destaca el Frayba.

Patishtán, preso injustamente desde 2000 tras un juicio cargado de violaciones al debido proceso fue sentenciado a 60 años. Por las graves irregularidades en el proceso y los riesgos a su vida e integridad, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010.

Desde prisión y a pesar de su delicada salud, Patishtán ha denunciado las violaciones a los derechos humanos que cometen las autoridades de las cárceles de Chiapas. Es un activista que promueve la defensa de los derechos humanos, lo caracteriza el Frayba. Adherente de la otra campaña, en 2008 participó con la Voz del Amate en la huelga de hambre de más de 40 presos en diversas cárceles de Chiapas, quienes después de 41 días y bajo condiciones deplorables, salieron en libertad, siendo Patishtán el único que no logró su liberación.

En imagen de archivo, niños tzotziles juegan en ChiapasFoto Víctor Camacho

El pasado 29 de septiembre se unió a los presos indígenas Rosario Díaz Méndez, Alfredo López Méndez, Pedro López Jiménez, José Díaz López, Andrés Núñez Hernández, Alejandro Díaz Sántiz, Juan Díaz López y Rosa López Díaz, internos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número cinco en San Cristóbal de las Casas, en una huelga de hambre y jornadas de ayuno que entraron en su día 23.

A ella se han unido Juan Collazo Jiménez en el CERSS 15 de Copainalá, y Enrique Gómez Hernández en el 14, El Amate, Cintalapa.

Éstos han denunciado hostigamiento por las autoridades penitenciarias, y les han negado la visita de familiares y amigos. El gobierno de Chiapas, apunta el Frayba, está comprometido a respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo su custodia. Sus obligaciones no se limitan a abstenerse de actos que violen estos derechos, incluyen proteger a los presos contra hechos de violencia provenientes de cualquier fuente.

Solicita el envío de llamados urgentes al presidente de la República y al gobernador de Chiapas, exigiendo información precisa sobre el paradero de Patishtán Gómez, así como el fundamento y el motivo de su traslado; su retorno inmediato al penal de San Cristóbal, garantizándole atención médica y el acceso a parientes y amigos; que se atiendan las demandas de justicia de los presos en huelga del hambre y se respeten sus derechos, así como los de sus familiares, instalados en plantón en la Plaza Catedral de San Cristóbal desde el 8 de octubre, quienes han denunciado amenazas de desalojo de policías municipales y personas vestidas de civil.