El presidente Felipe Calderón advirtió al Senado que el blindaje a la política social, con la finalidad de que los programas contra el combate a la pobreza no sean usados con fines electorales, sólo opera a escala federal, porque la inmensa mayoría de gobiernos estatales y municipales carecen de mecanismos de supervisión y transparencia, así como de contrapesos políticos que los obliguen al ejercicio de rendición de cuentas.

En respuesta a las 37 preguntas parlamentarias que le formularon las fuerzas políticas de esa cámara del Congreso, el Ejecutivo federal recalcó que mientras a escala federal la legislación para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales es muy dura y hay diversos mecanismos para blindar el gasto social, en los estados persisten vastas zonas de discrecionalidad.

Calderón precisa en el documento que en los últimos 12 meses se reintegraron a la federación 800.5 millones de pesos de recursos ociosos o mal aplicados por parte de gobiernos estatales y municipales.

Hace notar que, en comparación con las dos administraciones sexenales anteriores, el promedio anual de reintegro de recursos a la federación por ese concepto, se ha incrementado en 20 veces y el número de auditorías a las entidades se ha duplicado.

Recalca que, de acuerdo con un reporte reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre equidad del gasto público, “menos de la mitad de los estados cumple con los criterios de transparencia mínimos en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del Ramo 33.

Tanto el PNUD como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y Transparencia Mexicana “coinciden en que lo gobiernos locales tienen todavía grandes pendientes en materia de rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos públicos, detalla en respuesta a una pregunta que le formuló la fracción del PAN en el Senado.

Precisó que, como en cada elección federal o local, en 2012 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pondrá en marcha un operativo de blindaje electoral, que incluye la suscripción de acuerdos con el IFE, organismos de la sociedad civil e internacionales, como la ONU, para contar con una vigilancia objetiva e imparcial, que garantice la transparencia en la aplicación de apoyos y presupuestos, a fin de evitar que se canalicen a la promoción de candidatos y partidos.

Asimismo, se tiene prevista la reprogramación de la entrega de los programas sociales, con objeto de evitar que ello incida en las preferencias electorales de los beneficiarios.

El Presidente insiste: El blindaje electoral es un componente intrínseco, estructural, de la institucionalidad de la política social federal, pero no en la mayoría de los estados y municipios.

En otra parte del documento precisa que, derivado de la fiscalización que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la administración pública federal, se han logrado ahorros, reintegros y recuperaciones por 13 mil 350 millones de pesos en el último año.

En ese periodo, la SFP ha impuesto sanciones a 7 mil 117 servidores públicos y a 434 empresas, por incurrir en actos de corrupción.