Con la finalidad de evitar que al menos 13 universidades estatales enfrenten condiciones críticas de financiamiento en el último trimestre del año para el pago de nómina y aguinaldo, el gobierno federal busca destinar 350 millones de pesos adicionales, informó Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Sin embargo, rectores de instituciones públicas de educación superior consideraron que es “momento de que la clase política del país mire la situación de las universidades públicas estatales, porque, ante la grave coyuntura que vivimos, sería muy desagradable prender un foco rojo más de inestabilidad política debido a la falta de recursos. Sería lo peor que nos podría pasar”.

López Castañares reconoció que más de una decena de universidades estatales enfrentan condiciones críticas en su financiamiento, por lo que indicó que se ha solicitado apoyo a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública para acceder a recursos extraordinarios, mismos que deberán entregarse pronto.

En tanto, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, afirmó que en materia presupuestal existe una creciente preocupación, pues frente al reto de continuar incrementando la cobertura, así como la calidad de los programas académicos que se imparten, sólo recibimos malas noticias.

Destacó que la Universidad Veracruzana se encuentra entre el grupo de universidades estatales con menor porcentaje de cobertura de población en edad de cursar sus estudios universitarios, pues, indicó, solamente alcanzamos en promedio una tasa de 24 por ciento, cuando la media nacional ya supera 30 puntos. Lo más preocupante es que pese a conocer la dimensión del reto no se satisfacen las demandas presupuestales.

Arias Lovillo subrayó que las universidades federales y estatales hemos demostrado una gran estabilidad política, y de cara al futuro se debería valorar mucho más una tarea que hemos cumplido con especial atención.

En entrevista por separado, Mario Ochoa Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, destacó que esa casa de estudios enfrenta una deuda de 3 mil millones de pesos, pese a la reforma en su sistema de pensiones, no es comprensible que si los fondos extraordinarios han dado resultados, se envíe una propuesta con menores recursos, lo que implicará que se pierda el impacto positivo alcanzado.

Agregó que sería muy lastimoso para el país que universidades públicas estatales que enfrentan condiciones críticas de financiamiento se vieran obligadas a cerrar sus puertas a miles de jóvenes que sólo buscan una oportunidad para estudiar, y así tener un mejor empleo y condiciones de vida.

Candita Gil Jiménez, rectora de la Universidad Autónoma de Tabasco, afirmó que demandar 9 mil 590 millones de pesos adicionales para educación superior no es una cifra que deba sorprendernos, al contrario, las universidades públicas hemos dado respuesta al presidente Felipe Calderón, quien nos convocó a alcanzar una cobertura de al menos 30 por ciento y hemos superado esa meta, pero su gobierno no termina de cumplir con un mayor financiamiento, concluyó.