uego de una campaña electoral plagada de denuncias y señalamientos sobre los pasados oscuros de los candidatos presidenciales, y con dos excluidos de la contienda por decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el domingo pasado se llevó a cabo la elección presidencial en Guatemala, lo que constituyó una primera vuelta, dado que ninguno de los aspirantes alcanzó la mitad más uno de los votos emitidos. Los finalistas son el general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP) –quien logró poco más de 36 por ciento de los sufragios–, y el empresario Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), con 23 por ciento, ambos de derecha y vinculados a grupos empresariales que ostentan el control real del país.
La participación electoral ascendió a 65 por ciento del padrón (4.7 millones), con 8 por ciento de votos en blanco y 4 por ciento de anulados. La oficialista Unión Nacional por la Esperanza (UNE), de centro izquierda, fue marginada de la contienda por el fallo del TSE, que prohibió la participación de su candidata, Sandra Torres, ex esposa del actual presidente, Álvaro Colom, de quien se divorció para burlar la ley que prohíbe la postulación de parientes directos del jefe de Estado. La coalición de izquierda Frente Amplio, integrada por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, antigua organización guerrillera), el movimiento Winaq, que encabeza Rigoberta Menchú, y la Alianza Nueva Nación (ANN), quedó en sexto lugar, con apenas el 3.25 por ciento de la votación.
Pérez Molina y Baldizón deberán enfrentarse en una segunda vuelta, a realizarse el próximo 6 de noviembre.
La perspectiva no es alentadora, si se tienen en cuenta los antecedentes de los candidatos finalistas. En los años más cruentos de la guerra –la década de los 80 del siglo pasado–, Pérez Molina llevó a cabo, como mayor del Ejército, decenas de masacres en aldeas del departamento noroccidental del Quiché, y en la década siguiente su nombre fue vinculado al asesinato del obispo Juan Gerardi, defensor de derechos humanos y responsable del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que fijó las responsabilidades de los mandos militares –Pérez Molina, entre ellos– en los crímenes de guerra cometidos por el gobierno guatemalteco.
Manuel Baldizón, ex integrante del Legislativo y cacique del norteño departamento de Petén, es descrito por la embajada de Estados Unidos en Guatemala como rico abogado (que) salió a la luz por medio del clientelismo político financiado por la fortuna de su familia; hay muy poca sustancia en su ideología
. Otro dato significativo, contenido en los cables dados a conocer por Wikileaks, es la compra
de diputados oficialistas realizada por Baldizón cuando fue expulsado de la UNE y de su bancada: nueve diputados de esa formación fueron persuadidos, previo pago de 61 mil dólares a cada uno, de que se pasaran a Lider, organización fundada por él, y que se convirtió, gracias a esas artimañas, en la segunda fuerza del Congreso unicamaral guatemalteco. A lo anterior ha de agregarse su cercanía con la familia Mendoza Matta, señalada por sus vínculos con el narcotráfico, sus dudosas gestiones legislativas para favorecer a la empresa petrolera Perenco y su control de áreas completas de la economía petenera, como los medios informativos, los negocios inmobiliarios y la distribución de cerveza.
En suma, la sociedad guatemalteca habrá de escoger al próximo presidente de la república entre los representantes de dos sectores oligárquicos: mientras Pérez Molina tiene tras de sí al sector tradicional –compuesto básicamente por las familias Castillo, Novella, Herrera y Gutiérrez, consideradas las más ricas del país–, Baldizón cuenta con el respaldo de un sector oligárquico emergente surgido de la inserción de Guatemala en actividades económicas regionales y globales no necesariamente lícitas. Tras la rápida descomposición de las perspectivas que abrió el gobierno de Colom, esa nación se encuentra como ha estado la mayor parte del tiempo desde mediados del siglo pasado: sin esperanza.
