Este viernes el pleno del Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) discutirá el proyecto de reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para la casa de estudios.

La propuesta –de la cual La Jornada tiene copia– propone los términos en que se realizarán estas acciones, pues cualquier ciudadano mexicano, aun sin ser universitario (incluso con una incapacidad física, como ceguera), podrá solicitar información y, si corresponde, la casa de estudios tendrá que entregarla.

El proyecto –avalado por el seno del CU, máximo órgano de decisión de la casa de estudios—incluye las excepciones y los lineamientos de la información reservada en materia de transparencia.

De aprobarse la propuesta, la universidad deberá publicar vía Internet, mantener disponible, completa y actualizada para su consulta la información sobre su estructura orgánica; atribuciones, facultades y obligaciones de las unidades universitarias; el directorio de sus funcionarios; las remuneraciones por puesto o nivel de académicos, empleados y funcionarios universitarios.

También los datos relativos a los indicadores de gestión, el presupuesto de ingresos y egresos de los últimos tres ejercicios fiscales, la información sobre la aplicación de los recursos federales recibidos, los convenios de colaboración, los programas de becas y estímulos, entre otros.

De acuerdo con el documento, en la UNAM se considerarían información pública las actas finales de las sesiones de la junta de gobierno, del CU, del patronato universitario, de los consejos técnicos y de cualquier otro cuerpo colegiado de la institución; las resoluciones definitivas del tribunal universitario y de la comisión de honor, al igual que las recomendaciones de la defensoría de los derechos universitarios.

El proyecto contempla que entre la información reservada estén los datos y documentos que integren expedientes o procedimientos en trámite ante el tribunal universitario, de la comisión de honor, de la contraloría y la defensoría de los derechos universitarios, así como los que integren los expedientes de los juicios y procedimientos en trámite.

Como en cada sesión, se presentará el informe de la comisión de seguridad del CU, donde se hará una mención a los hechos de violencia ocurridos recientemente en diversas instituciones de educación superior. En el documento se darán a conocer las acciones emprendidas por las autoridades universitarias para prevenir situaciones de violencia en sus campus.

El pleno del Consejo retomará además la discusión sobre la ampliación del número de consejeros universitarios de 229 a 284, donde se busca incrementar sobre todo la representatividad para alumnos y profesores, y por primera vez se otorgarían espacios a los técnicos académicos.

En la sesión anterior del 17 de junio, el rector José Narro decidió regresar a comisiones de Legislación y Trabajo académico este proyecto para afinarlo y agregarle su reglamentación.

Este viernes se presentarán estas propuestas donde se asienta que los alumnos de bachillerato pasarían de ocho a 16 consejeros; los de escuelas y facultades de 44 a 52; los de posgrado y profesores de bachillerato, de ocho a 12; los docentes de escuelas y facultades se incrementarían de 44 a 52, y los técnicos académicos tendrían presencia con 10 consejeros, que para ser elegibles tienen como requisito dar clases.

El proyecto incluye la modificación del Estatuto General en los artículos referentes a la integración del CU y la elección de sus representantes.