Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur declaró prescrito el caso del Pemexgate, que fue el primer asunto de corrupción electoral que llevó a un líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a quedar sujeto a proceso penal por el supuesto desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial del PRI en 2000.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, el juzgado 13 de distrito de procesos penales federales notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que ya se cumplió el periodo de prescripción del delito de peculado electoral que en 2003 fue imputado a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex.

Aunque el líder gremial logró echar abajo esa acusación, el Ministerio Público Federal aún tenía posibilidades de replantear las pesquisas en su contra, pero no lo hizo. Ahora el asunto ha quedado concluido en definitiva debido a la prescripción del delito.

Fuentes del juzgado décimo tercero de distrito, con sede en el Reclusorio Sur, a cargo de Carlos López Cruz, revelaron que la decisión ha quedado firme y es inapelable, porque, de acuerdo con informes judiciales, la propia PGR no impugnó el fallo del juzgado.

Dentro de la causa penal 106/2003, Romero Deschamps fue acusado de peculado electoral por mil 500 millones de pesos, por las presuntas aportaciones del sindicato petrolero a la campaña de Francisco Labastida en 2000, caso que fue conocido como Pemexgate y que fue revelado por La Jornada.

El 24 de octubre de 2003, el mismo juzgado que ahora declaró prescrito ese delito dictó la formal prisión a Romero Deschamps por peculado electoral, al estimar que la imputación de la PGR reunía los indicios suficientes para entablar juicio en su contra.

En junio de 2006, un tribunal federal echó abajo la decisión de iniciarle proceso y liberó al líder sindical por falta de elementos. Sin embargo, no fue declarado inocente y dejó a la PGR la posibilidad de aportar nuevas evidencias en su contra para reiniciar el procedimiento.

La sanción por peculado electoral va de uno a nueve años de prisión. El periodo de prescripción o cancelación de la acción penal es de ocho años.

Mientras Romero Deschamps estuvo sujeto a proceso acudió una vez por semana al juzgado décimo tercero del Reclusorio Sur para firmar el libro de procesados libres bajo fianza, pero la PGR nunca cumplió su objetivo de conseguir la detención del líder sindicar, ya que sus abogados tramitaron a tiempo todos los recursos jurídicos de defensa a que tenía derecho el inculpado para evitar su encarcelamiento.