Si el gobierno federal no modifica sustancialmente su paquete económico y financiero para 2012 –proyecto que se presentará en unos días ante el Poder Legislativo– se comprometerá la débil y desigual recuperación económica del país y el abatimiento del desempleo, aseguraron los expertos que conforman el grupo Hacia un nuevo curso de desarrollo, con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un pronunciamiento, este equipo de especialistas subrayó que la coyuntura financiera internacional refleja que van a la baja todas las previsiones de crecimiento para México en este año y el próximo, lo que podría traducirse en el agravamiento de la pobreza y la disminución del ingreso familiar.

En sintonía con la propuesta de seguridad de la UNAM, los expertos recomendaron poner en práctica, de inmediato, una campaña nacional de inserción masiva de los jóvenes en los espacios educativos y laborales.

El grupo está conformado por los ex secretarios de Hacienda David Ibarra y Jesús Silva Herzog; el ex candidato presidencial y ex gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; la ex contralora Norma Samaniego; el ex director del Banco de México y ex titular de Programación y Presupuesto Carlos Tello; los investigadores Ciro Murayama, Rolando Cordera Leonardo Lomelí, Gerardo Esquivel y Jaime Ros; los ex subsecretarios de Hacienda Francisco Suárez Dávila y Carlos Heredia, y de Desarrollo Social Enrique del Val; los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Eugenio Anguiano; el ex subsecretario de Comercio Mauricio de María y Campos, el político Saúl Escobar y el ex colaborador del Banco de México Ariel Buira.

Es imperativo, subrayaron, que el paquete económico para 2012 contenga una política contracíclica que impulse el crecimiento, la generación de empleos y la protección social, y que se adopten medidas enérgicas en tres campos: política hacendaria, monetaria y social, así como definir el papel que México habrá de desempeñar al ocupar la presidencia del G-20 el año próximo.

En materia hacendaria, recomendaron dar prioridad al incremento de la inversión pública, vinculada a programas de empleo y fortalecimiento del mercado interno, y no al equilibrio fiscal de corto plazo, por medio del recorte a la inversión y al gasto público.

Sobre los ingresos, consideraron necesario asegurar la suficiencia de la recaudación, y para ello, plantearon elevar el impuesto sobre la renta a personas físicas con alto poder adquisitivo y eliminar el impuesto empresarial a tasa única que incide en la liquidez de las empresas, así como el establecimiento de un gravamen específico a las transacciones financieras y una reducción de exenciones impositivas.

Señalaron que el gasto de inversión debe orientarse a infraestructura para rehabilitar la existente y superar rezagos; dar prioridad a la que genere mayor número de empleos, despeje cuellos de botella en las cadenas productivas y haga viable la prestación de servicios sociales de calidad. Y, sobre todo, mejorar el control del gasto público.

En lo monetario, se pronunciaron por reducir las tasas de interés pasivas e inducir el abatimiento de las activas para estimular la actividad económica, a fin de evitar entradas excesivas de capital de corto plazo y flujos especulativos.

La política de protección social, afirmaron, debe tener respaldo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, consideraron que es indispensable asegurar el abasto de alimentos, pues aún antes de la actual coyuntura, uno de cada cuatro mexicanos no tiene garantizado el acceso a la alimentación; deben ampliarse y reorientarse los programas que aseguren acceso a los alimentos, la salud, la educación y la generación de empleos.