Al obligar a los editores e importadores a fijar el precio único del libro se busca contrarrestar la desigualdad entre las grandes librerías respecto de las pequeñas, fomentando así la competencia equitativa en este mercado, en el surtido y servicio, y no en el descuento, sostuvo Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien añadió que la medida protege el interés público.

Al iniciar la discusión sobre el amparo presentado por la empresa Costco SA de CV en contra de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Sánchez Cordero presentó su proyecto de dictamen en el que valida la constitucionalidad de la norma que garantiza el mismo precio de venta del libro en todo el país.

Explicó que la legislación salvaguarda los derechos de las pequeñas librerías ante las grandes comercializadoras de libros, las cuales, por su capacidad económica, concentran los títulos de mayor venta y con mayor tiraje, para ofrecer grandes descuentos, eliminando así a las librerías pequeñas y los títulos de difícil rotación.

Recordó que la disposición sí le permite ofrecer descuentos en los ejemplares editados o importados con más de 18 meses de antigüedad, así como en los casos de los libros antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales.

Agregó que la legislación permite al vendedor conceder descuentos a ciertos grupos de interés público, como escuelas, bibliotecas e instituciones educativas; aunque aclaró que esos descuentos no pueden aplicarse al público consumidor, ya que estas instituciones no pueden vender los libros a los estudiantes o al público en general a un precio inferior único establecido.

La medida, añadió, no genera inseguridad jurídica –como argumenta la quejosa–, ya que garantiza la competencia y el libre mercado; además, evita la concentración de determinados títulos en poder de quien tenga mayor poderío económico.

Argumentó también que existen ya diversos productos, como los periódicos, revistas y medicamentos que ya se rigen con el esquema del precio único en todos los puntos de venta, sin que ello afecte el libre mercado ni la libre competencia.

Sánchez Cordero explicó en su exposición que la medida tampoco perjudica al público consumidor, en virtud de que busca que el precio único frene el proceso de concentración en determinados puntos de venta.

Además, subrayó, desplaza la competencia, no respecto del precio, sino del servicio y la variedad de títulos propuestos, y evita así la monopolización de las ventas de los mayoristas en detrimento de pequeños comerciantes y librerías.

La discusión del tema continuará el próximo lunes y, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, hay consenso entre los ministros para validar la constitucionalidad del precio único.