El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que la reforma a la ley de seguridad nacional pretende dar garantías a las fuerzas armadas en sus operativos contra la delincuencia organizada, pero también que se respeten los derechos humanos.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional dijo que se concederá a la Comisión de Gobernación la solicitud de ampliar el plazo –vence el 12 de agosto– para dictaminar la minuta del Senado, pero acotó que será lo más breve posible para tratar de que el documento se vote en comisiones legislativas este mismo mes.

Expuso que si bien el proyecto de dictamen fue avalado ayer en lo general en la sesión de la Comisión de Gobernación –salvo el voto en contra del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT)–, la reforma será totalmente distinta, debido a que todos los grupos parlamentarios se reservaron en lo particular cada uno de los artículos de la ley.

Va a ser una ley diferente a la que envió el Senado, no tengo ninguna duda de eso. Ya lo perfilan las reservas que se han hecho, dijo el diputado en entrevista previa a la presentación de la aplicación del Sistema de Información Legislativa (SIL), disponible para iPad.

Consideró que la reforma se centra en tres ejes: las facultades del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia; el límite de las responsabilidades y atribuciones para los servidores públicos y las instituciones, y la obligación de respetar los derechos humanos por parte de militares y marinos.

Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD se manifestó porque la ley de seguridad nacional incluya las recientes reformas sobre derechos humanos, porque de lo contrario estaría contraponiéndose a otros preceptos constitucionales.

No puede ser algo unilateral, apunta Jesús Zambrano

En entrevista aparte, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, dijo que también se debe considerar el llamado principio de convencionalidad o estado de excepción.

Manifestó que el sol azteca está en contra de la llamada declaratoria de afectación, porque ello abriría la posibilidad al gobierno federal para suspender garantías sin ser autorizado por el Congreso de la Unión. Esas cosas no pueden ser (decisiones) unilaterales del Ejecutivo.

Advirtió que si esas modificaciones no son aceptadas, el Partido de la Revolución Democrática de ninguna manera estaría dispuesto a caminar hacia la aprobación final de la ley de seguridad nacional.